El Municipio individualizó a 86 adultos actuantes en la toma de La Movediza

La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio elevó un informe con detalles de la situación de los protagonistas de la ocupación de tierras en La Movediza, a partir de un pedido formal de la Unidad Fiscal de Instrucción 3 a cargo del doctor Luis Humberto Piotti. Los datos recabados dieron cuenta de 86 adultos individualizados en la acción de la toma de terrenos ubicados en las inmediaciones de Piccirilli, entre Salta y Misiones. 

De acuerdo a los datos informados por Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, individualizaron a 86 ciudadanos adultos como parte de la ocupación, de los cuales 41 son argentinos, 44 son de nacionalidad paraguaya y una es ciudadana de Bolivia. Del total, 48 son mujeres y 38 son hombres, y el promedio de edad ronda entre los 30 y 35 años. 

La funcionaria explicó que recibió una notificación de la fiscalía a cargo del doctor Piotti, donde le pedía un informe sobre familias que tomaron tierras en La Movediza. “Nos solicitaron realizar entrevistas a una serie de personas cuyo relevamiento lo había realizado la comisaría Segunda en el predio ocupado. Ellos nos entregaron el listado con los datos que pudieron recabar de cada una de las personas y con todos aquellos que teníamos número de teléfono que fueran adultos, nos comunicamos vía telefónica, y les informamos que en el marco de determinada causa los citábamos a una entrevista en un día y horario fijado, y lo reforzamos vía WhatsApp”, precisó en diálogo con El Eco Multimedios. 

La convocatoria

En medio del relevamiento, había circulado un mensaje viral de los presuntos ocupas que advertían que no asistirían a las entrevistas con el Municipio, debido a las declaraciones públicas de Marcieri, quien los definió como “delincuentes”. La titular de Desarrollo Humano confirmó que recibió un WhatsApp que informaba a los ocupas que por recomendación del defensor Diego Araujo no asistieran a la cita y también, que iban a reclamar que ella pidiera disculpas públicas. 

Al respecto, estimó que, por la forma de redacción, el comunicado no sería oficial, y anunció que “hice una impresión de pantalla de ese mensaje y también lo elevé a la Justicia para que sean ellos los que consideren si corresponde o no”, dijo. 

Aclarado ese punto, la secretaria comunal indicó que algunos se presentaron a la entrevista, mientras que otras personas se excusaron porque no podían faltar a sus trabajos. 

Cruce de datos

En cuanto al relevamiento, la funcionaria explicó que “tomamos como base los datos que nos dieron más las entrevistas. Cruzamos los datos con Anses, que es importante para saber si las personas tenían trabajo registrado o recibían algún tipo de ayuda del Estado nacional; luego lo revisamos con nuestro Registro Único de Beneficiarios y le sumamos el Reuna, que es el Registro Único de Niñez y Adolescencia, donde muchas veces tenemos intervenciones con familias con niños en situación de vulnerabilidad”.

En otro párrafo, explicó que a estas 86 personas mayores de edad “también las cruzamos con el Registro de Demanda Habitacional porque si existía una necesidad, entendemos que desde que está abierto el registro se tendrían que haber anotado. La lógica por lo menos indica eso, o el sentido común; estamos hablando de un grupo de personas que viene demandando alguna cuestión habitacional, entonces fuimos al registro”.  

En tanto, refirió que Anses informó que la mayoría de los protagonistas de la toma tiene trabajo registrado, como así también que algunas mujeres reciben la Asignación Universal por Hijo y otras disponen de Asignación Familiar y obra social, lo que implica que algún integrante del grupo familiar tiene empleo en blanco. 

“Son personas que en el último año no se han acercado a la Secretaría de Desarrollo Humano ni a ninguno de los centros comunitarios demandando acompañamiento en cuestiones habitacionales”, aseguró Marcieri. 

“No había una solicitud por parte de ellos y no había una falta de respuesta por parte del Estado”, agregó, y aclaró que en el área que conduce “queda todo registrado. Cada vez que una persona se presenta en el centro comunitario o en la secretaría, sea cual sea la respuesta, queda registrado”.

En igual sentido, remarcó que en la toma detectaron a personas que venían siendo atendidos por Desarrollo Social desde 2013 y otras a las que ayudaron por más de un año con el alquiler, hasta 2021. También, hallaron algunos que solicitaron asistencia durante la pandemia y luego no regresaron a la ventanilla por ninguna otra situación. “Otros, que son la mayoría, nunca pasaron por el centro comunitario. Entiendo yo que nunca tuvieron la necesidad de acercarse a pedir algo”, concluyó.

Situación previa

Por otra parte, la funcionaria comunal informó que en el listado constataron que había personas con teléfonos con características de Pergamino, Azul, Río Gallegos y Capital Federal, que se definieron “en situación de calle para no poner el domicilio”. Remarcó que al comparar las identidades con el registro del Protocolo para Personas en Situación de Calle, no coincidía con el listado. Confirmó que sólo figuraba una mujer, oriunda de Pergamino, que se había presentado unos días antes de la toma y que “le dimos respuesta y no accedió a eso”, dijo. 

“Es más que claro que ninguna de las personas que tomaron el predio se encontraba en situación de calle porque nunca se activó el protocolo y para los que se activó, no está ninguno en el listado”, sentenció. 

Agente externo

Marcieri confirmó que el último miércoles elevó la información, por lo cual “será el doctor Piotti el que la analizará y verá cómo sigue el procedimiento. Nosotros hasta aquí colaboramos con la Justicia en cuanto a los datos que pudimos recabar, la información y haciendo un análisis cuántico cualitativo”.

Como otro dato, sostuvo que “de las entrevistas que tuvimos surge que hay agentes externos que son los que hacen el relevamiento, han entregado los terrenos y han armado el grupo de WhatsApp” y aclaró que las personas de la toma “hacen referencia a eso”. Consultada por las identidades, apuntó a un hombre como organizador de la ocupación. 

En tanto, manifestó que en actas firmadas, algunos describieron que el organizador dispone de casas alquiladas con muebles, a las que asisten los ocupantes de las tierras para bañarse, etc. A partir de esa logística, van y vienen del predio para cuidar el espacio, o dejan a gente cercana a cargo para que cumpla con la presencia en la toma. 

Marcieri detalló que en la metodología de la ocupación, los hombres se ausentan de la ocupación para ir a trabajar y las mujeres permanecen allí, pero aquellas que tienen empleo registrado delegan la “presencia” a algún familiar. Con esa lógica, en las chozas precarias colocaron algún colchón para el que permanece, mientras que los niños no pernoctan en el lugar. 

Sumado a eso, adelantó que en los relatos surgió que muchos se vieron motivados porque “querían destinar el dinero del alquiler a algo propio. Incluso, una de esas personas no dijo no poder pagar el alquiler, sino ‘quiero tener algo propio’”.

“Lo sostengo”

Consultada sobres las declaraciones que generaron polémica, Alejandra Marcieri expuso que “lo que dije en ese momento y tomando taxativamente mi palabra, lo sostengo. Digo que si hay una carátula que implica un delito, ya sea una toma, ya sea un hurto, ya sea un robo, cualquier figura que implica un delito, la persona que lo comete a prima facie, a primera vista, se lo llama delincuente. Eso lo sostengo”.

En tanto, aclaró que “no digo que sean puntualmente ellos. La Justicia va a determinar, imagino en cada uno de los casos, cuál es la carátula y si sigue siendo usurpación, que es un delito, cómo sigue la situación procesal de cada uno de ellos”.