La secretaria general de Suteba Tandil, Estela Sinópoli, cuestionó con dureza el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y lo definió como “un plan de desmantelamiento de las garantías educativas en todo el país”. Según expresó, la iniciativa del Gobierno nacional implicaría un fuerte retroceso en materia de financiamiento y políticas públicas destinadas a sostener el sistema educativo.

La dirigente sostuvo que el proyecto “borra de un plumazo leyes que protegían a la escuela pública” y advirtió que, de avanzar también la denominada ley de “libertad educativa”, se produciría un cambio estructural que pondría en riesgo el modelo educativo vigente. En ese sentido, señaló que se trataría de un escenario que remitiría a la Argentina previa a 1884, año en que se sancionó la Ley 1420 que estableció la educación obligatoria, gratuita y laica.

Un retroceso en la inversión educativa

Sinópoli indicó que uno de los principales ejes del ajuste planteado en el proyecto es la reducción de la inversión estatal en educación. Según explicó, el Presupuesto prevé que el año 2025 cierre con un crecimiento económico del 5,4 por ciento, aunque señaló que estimaciones privadas ubican esa cifra en torno al 4,4 por ciento.

De acuerdo con ese análisis, el nivel de actividad recién alcanzaría valores similares a los de 2022 y el Producto Bruto Interno per cápita aún quedaría por debajo del registrado en 2015.

En ese marco, la dirigente sindical afirmó que la inversión nacional en educación pasaría de casi el 1,5 por ciento del PBI en 2023 a alrededor del 0,75 por ciento en 2026. “Es un retroceso de veinte años en dos segundos”, sostuvo. Además, planteó que el Estado nacional destinaría un 60 por ciento más de recursos al pago de intereses de la deuda que a todo el sistema educativo.

Recortes en programas educativos

La referente de Suteba Tandil enumeró una serie de programas que, según afirmó, sufrirían fuertes recortes en comparación con las partidas asignadas en 2023.

Entre ellos mencionó el financiamiento para infraestructura escolar, que –según indicó– se reduciría un 84 por ciento, lo que limitaría la posibilidad de realizar obras y reparaciones en establecimientos educativos.

También señaló una reducción del 90 por ciento en los fondos destinados al programa Conectar Igualdad para la entrega de netbooks a estudiantes, y una caída del 77 por ciento en las Becas Progresar, que brindan apoyo económico a jóvenes para continuar sus estudios.

Asimismo, advirtió sobre una disminución del 10 por ciento en términos reales en el presupuesto destinado a comedores escolares, pese al incremento de la demanda vinculado a la situación económica. En el caso de la formación docente, afirmó que las partidas nacionales para capacitación registrarían una baja del 71 por ciento respecto de 2023.

Cuestionamientos al artículo 30

Sinópoli también puso el foco en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto, que –según explicó– propone modificar el esquema de financiamiento establecido en la Ley de Educación Nacional (26.206).

De acuerdo con su planteo, esa modificación eliminaría la obligación del Estado nacional de garantizar una inversión mínima equivalente al 6 por ciento del PBI en educación, lo que permitiría a la Nación desentenderse del financiamiento de áreas como la educación técnica, la ciencia y distintas políticas vinculadas a la escuela pública.

Impacto en provincias y municipios

La dirigente sindical advirtió que el esquema presupuestario trasladaría cada vez más responsabilidades a las provincias y a los municipios para sostener el sistema educativo.

En ese sentido, señaló que esas jurisdicciones enfrentan simultáneamente una caída en la recaudación fiscal producto de la recesión económica y una reducción en los envíos de recursos desde el Estado nacional, situación que –según indicó– afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires y a distritos como Tandil.

Paro nacional docente

En ese contexto, Sinópoli confirmó que los gremios docentes convocaron a un paro nacional y movilización para este 2 de marzo.

La medida de fuerza forma parte de la agenda de reclamos definida por el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que incluye la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para fijar un piso salarial en todo el país, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.

Además, las demandas contemplan la defensa de los regímenes jubilatorios docentes, mejores condiciones de infraestructura y conectividad en las escuelas, y el rechazo a iniciativas que –según expresaron desde el sector– impliquen la mercantilización del sistema educativo.

“La educación no es una mercancía que se compra con un voucher, es un derecho social”, concluyó Sinópoli, al convocar a la comunidad a defender la escuela pública.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil