Intimaron al titular del condominio a liberar la calle Israel

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

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El sustento legal de la intimación municipal

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

Consecuencias financieras y sanciones para el contraventor

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

Sobre el autor

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil