La comunidad tandilense marchó en defensa de la universidad pública

Con el pedido de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, se realizó la quinta marcha federal en todo el territorio argentino. En Tandil, pese a la jornada gris y fría, vecinos se concentraron en Rodríguez y Garibaldi para marchar por la universidad pública.

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Tal como se había anunciado el pasado martes por la mañana, integrantes de los distintos claustros que componen la Universidad Nacional del Centro (Unicen), estudiantes, jubilados, representantes de los gremios de los trabajadores y vecinos se dieron cita cerca de las 17.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizaron movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

En la extensa columna que se formó por Rodríguez pudieron visibilizarse a las autoridades de la Unicen: el rector Marcelo Aba y la vicerrectora Alicia Spinello; los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; y de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; Verónica Gargiulo y Marcelo Stipcich por Adunce; y Diego Jongewaard de Boer por Atuncpba.

Por fuera del sistema universitario, también acompañaron la movilización el intendente Miguel Lunghi, junto a los concejales radicales Maridé Condino, Juan Salceda y Juan Pablo Frolik; también estuvieron los legisladores peronistas Rogelio Iparraguirre, Severiano Mon, Marilen Pogorzelski y Marcelo Valle. El presidente del Pj Darío Méndez, además de referentes gremialistas de ATE y la Mesa Intersindical Tandil.

La marcha

La convocatoria se hizo en cámara lenta, incluso hasta minutos antes de las 17 no había el público esperado para una movilización que se presumía que iba a ser puntual y masiva como en las ediciones anteriores. La llegada de los centros de estudiantes y la militancia política le dio otro color a la convocatoria.

La columna formada por Rodríguez fue encabezada por una bandera de Argentina con la frase “Universidad pública es: + Educación, + Soberanía, + Democracia”, la cual fue portada por las autoridades universitarias y de los sindicatos de los trabajadores y estudiantes de la Unicen.

Por detrás se ubicaron los trabajadores nodocentes, los docentes, investigadores de ATE-Conicet y preuniversitarios. Continuaron la columna que se extendió por más de tres cuadras las distintas facultades, la Federación Estudiantil, gremios docentes, la Mesa Intersindical, jubilados de Amalu, organizaciones sociales y los partidos políticos.

Con aplausos y el sonido de los bombos comenzó la caminata por Rodríguez. A buen ritmo y en línea recta la columna fue avanzando por el centro de la ciudad. El canto “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode” sonó repetidas veces, como así también algunas canciones en contra del Presidente de la Nación.

La gran mayoría de los carteles que portaron los manifestantes también se expresaron a favor de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del gobierno de Javier Milei. Algunas pancartas hicieron referencia a la lucha de los jubilados, a la Ley de Tierras y las Islas Malvinas y, como consecuencia, en contra de los jueces de la Nación.

Desde Rodríguez caminaron hasta Belgrano, pasaron por el frente del Municipio y doblaron en Chacabuco. La columna tardó alrededor de una hora en llegar hasta la esquina del Rectorado, donde se montó un escenario y los representantes de cada agrupación gremial universitaria leyeron una parte del comunicado.

“La universidad pública no es el problema, es la solución”

Tras la movilización, se dio lectura a un escrito conjunto que advirtió sobre el riesgo institucional y financiero que atraviesan las casas de altos estudios, exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó cambios de fondo en el Presupuesto.

El documento, el cual se leyó en cada réplica de la manifestación, se tituló “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”. En el mismo se exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, la cual cuenta con el respaldo del Congreso y fallos judiciales cautelares que ordenan la recomposición inmediata de los artículos 5 (salarios) y 6 (becas).

“El incumplimiento sistemático de las leyes y medidas judiciales es la expresión de la voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia”, señaló el escrito, al tiempo que ratificó la adhesión al pedido ciudadano para la derogación del DNU 70/23.

En cuanto a la situación económica de los trabajadores, el texto denunció un "ataque sistemático" al salario. Advirtió sobre la precarización laboral, la pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante décadas y la falta de respuesta oficial ante el pedido de la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, el pase de sumas no remunerativas a montos bonificables y la situación crítica de las obras sociales y el sistema previsional.

En otro tramo, el enunciado advirtió que garantizar la gratuidad universitaria no alcanza si no existen condiciones socioeconómicas para la permanencia de los estudiantes. Se denunció el congelamiento de los montos de la Beca Progresar en 35 mil pesos desde el año 2024, valor que resulta insuficiente para cubrir costos básicos de transporte o materiales. También advirtió sobre la desinversión y paralización de las becas de estímulo a las vocaciones científicas.

Respecto a la proyección financiera, el documento calificó la partida ejecutada como el presupuesto educativo más bajo de la historia (menos del 1 por ciento del PBI). De cara al debate legislativo, la comunidad universitaria rechazó el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo y respaldó la contrapropuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la cual requiere un incremento del 33,4 por ciento sobre el proyecto oficial. De no contemplarse, advirtieron que las universidades están en riesgo real de no poder sostener sus actividades básicas.

El documento también expuso la paralización de proyectos de investigación, la falta de insumos, el corte de acceso a publicaciones internacionales y la reducción de jóvenes investigadores. Se alertó sobre la urgencia de frenar el éxodo de profesionales formados en el país: "Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga y una región que se empobrece".

De cara al futuro, el escrito concluyó reafirmando el valor histórico del modelo universitario argentino —basado en la autonomía, el cogobierno, la gratuidad, la extensión y el desarrollo territorial— y apeló a la responsabilidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como la educación, la ciencia, la salud y la industria nacional. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó.

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El Eco de Tandil

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