La Justicia federal abrió a prueba la causa por la seguridad en la Ruta 226

Vecinos de los barrios Palermo, Villa Gaucho y Villa Aguirre, junto a la Defensoría Federal de Tandil, presentaron en diciembre pasado un amparo ante la Justicia Federal para exigir una respuesta integral a la problemática de seguridad vial en la Ruta Nacional 226. El objeto de la medida apunta a que el Estado nacional ejecute obras de infraestructura que garanticen la integridad física de quienes transitan por la zona y la integración urbana de los sectores afectados.

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En ese marco, y a través de un despacho emitido días atrás, el juez federal Martín Bava resolvió avanzar con la etapa probatoria debido a la cantidad y variedad de elementos presentados por las partes.

En la resolución, el juzgado aceptó formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de Tandil en su carácter de amicus curiae (amigo del tribunal) e incorporó la resolución 4.356/2026 del Concejo Deliberante sancionada el 13 de agosto pasado en la que acordaron “solicitar  a  la  Dirección  Nacional  de Vialidad la intervención directa para la toma de medidas que brinden seguridad para el tránsito y cruces de la Ruta Nacional 226, principalmente en el tramo comprendido entre el kilómetro 161,5 y el kilómetro 174 (zona Tandil)” y “acompañar los petitorios realizados por  la defensora del Pueblo de Tandil, por el Poder Ejecutivo Municipal, por las organizaciones sociales y  por  este  Concejo  Deliberante  en reiteradas oportunidades”.

Estos documentos reforzaron la postura sobre la necesidad de obras de infraestructura en el trazado que atraviesa la ciudad. Asimismo, el tribunal tomó conocimiento de la contestación de los traslados correspondientes por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Para profundizar en los hechos, el juez ordenó a la Municipalidad de Tandil que informe sobre todas las presentaciones y reclamos efectuados ante la Nación vinculados a la seguridad vial. El requerimiento es para que detalle qué tareas de señalización o mantenimiento realizó por cuenta propia “ante la supuesta inacción de los organismos nacionales”.

En sintonía, la empresa Corredores Viales SA fue intimada a presentar un informe sobre su rol en la administración del tramo y el estado de las obras previstas.

Peritajes técnicos y testimonios locales

La etapa probatoria incluye la designación de un perito ingeniero especializado en vialidad a través del sistema de sorteo oficial, que tendrá la tarea de evaluar las condiciones actuales del tramo urbano de la ruta y determinar si la omisión de las obras proyectadas en los pliegos de licitación tuvo un impacto directo en el incremento del riesgo de siniestros.

Por otro lado, la Justicia fijó para el próximo 20 de octubre las audiencias testimoniales que se desarrollarán de manera virtual. A las 9.30, prestará declaración la titular de la Defensoría del Pueblo, Paula Lafourcade, mientras que a las 10.30 hará lo propio el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Laffose. Ambos funcionarios fueron citados para dar cuenta de las gestiones locales y la situación crítica que atraviesa la seguridad vial en el sector en disputa.

El despacho judicial también contempla la posibilidad de realizar una inspección ocular en el lugar. Por el momento, la prueba documental, que incluye registros audiovisuales y fotográficos aportados por los vecinos, ya corre agregada a las actuaciones.

Mientras tanto, la Dirección Nacional de Vialidad y el Estado Nacional ya incorporaron su prueba documental, quedando a la espera de los resultados de los informes técnicos que comenzarán a producirse en los próximos días.

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El Eco de Tandil

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