El Gobierno Nacional informó que, tras el cierre del período previsto para la presentación de impugnaciones, continúa el avance de la Red Federal de Concesiones. Este proceso licitatorio tiene como objetivo modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional a través de inversión privada.

En esta instancia, se progresa con la Etapa II A, que contempla la concesión de más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales divididos en dos tramos. El primero de ellos, denominado Sur Atlántico - Acceso Sur, cuenta con una extensión de 1.325,17 kilómetros e integra tramos de la Ruta Nacional 226, la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205 y diversos accesos críticos como la Autopista Ricchieri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Para este sector que involucra a la Ruta Nacional 226, se recibieron diez ofertas, de las cuales seis fueron aprobadas y cuatro resultaron rechazadas. Una de las empresas desestimadas fue Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), debido al incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales establecidos en los pliegos que rigen la licitación.

Exigencias técnicas y solvencia

Según detalló el comunicado oficial, las empresas deben acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras y no solo para la operación de las mismas. En el caso de AUBASA, la documentación presentada no acreditó la ejecución material con recursos propios. Asimismo, se verificó una situación de fragilidad financiera, con un índice de endeudamiento de 3,75 que superó ampliamente el límite de 1,50 fijado para asegurar que los concesionarios asuman el riesgo sin recurrir a asistencia estatal.

El proceso es supervisado por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la SIGEN. De las 19 ofertas totales presentadas para la Etapa II A, 12 fueron admitidas y siete fueron desestimadas bajo criterios de transparencia y rigor técnico.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con un modelo de infraestructura basado en reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica, donde la inversión privada asuma el riesgo de la operación y el sistema vial pueda avanzar hacia estándares de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad.

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