Ni Una Menos reclamó que Martínez Lastra tome licencia mientras avanza la investigación
El colectivo expresó su acompañamiento a las trabajadoras municipales y cuestionó la continuidad del dirigente al frente del sindicato.
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El colectivo Ni Una Menos de Tandil expresó su respaldo a las trabajadoras municipales que denunciaron situaciones de violencia y abuso y reclamó que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT), Roberto Martínez Lastra, tome licencia inmediata de su cargo mientras avanzan las investigaciones judiciales.
El posicionamiento fue difundido a través de un comunicado firmado por organizaciones sociales, sindicales y espacios transfeministas de la ciudad, que pusieron el foco en la necesidad de garantizar la integridad de las denunciantes y ámbitos laborales libres de violencia y hostigamiento.
“Decir Ni Una Menos hoy en Tandil es acompañar a las trabajadoras municipales que enfrentan la violencia machista y exigir el cumplimiento de la Ley 26.485”, expresaron al comienzo del documento.
Las organizaciones manifestaron que acompañan a las trabajadoras que, “luego de atravesar situaciones de dolor y angustia, han podido expresar distintos episodios de abuso padecidos en su lugar de trabajo”.
En ese sentido, remarcaron que, frente a las repercusiones generadas por las denuncias contra Martínez Lastra, “la centralidad es y debe ser siempre la integridad psicofísica de las víctimas y el derecho de todas las personas a ámbitos laborales libres de violencia y hostigamiento”.
El pedido de licencia
Uno de los principales planteos del comunicado está dirigido a la continuidad de Martínez Lastra en la conducción del sindicato.
Las organizaciones cuestionaron que permanezca en una función jerárquica mientras se sustancian las denuncias.
“Aunque las denunciantes ya no se encuentren trabajando para el denunciado, nos preocupa profundamente la permanencia del acusado en su función jerárquica mientras se sustancian denuncias de tal gravedad y cuando permanentemente intenta instalar que la víctima es él”, señalaron.
El colectivo sostuvo que la situación requiere considerar también las responsabilidades institucionales y gremiales, más allá de las investigaciones penales.
“La ética institucional y gremial exige estándares que exceden lo estrictamente penal”, afirmaron.
En ese marco, plantearon que es necesario garantizar “una investigación transparente, justa y libre de sospechas de obstrucción o presiones”.
Por eso sostuvieron que, “en armonía con el principio de inocencia y el resguardo a la integridad de las denunciantes”, Martínez Lastra “debería tomar licencia inmediata de su cargo y ponerse a disposición de la justicia de manera llana”.
Según señalaron, su permanencia puede contribuir a perpetuar “la asimetría existente” y traducirse “como un mensaje de desprotección hacia el resto de las trabajadoras municipales”.
Reclamos a la Justicia y al Ejecutivo
El pronunciamiento se conoció en medio de distintas presentaciones judiciales sucedidas en las últimas semanas contra el dirigente.
Entre ellas, una denuncia de una trabajadora municipal que relató situaciones de maltrato y presunto acoso sexual durante el período en que se desempeñó en la sede gremial.
La presentación, realizada el 15 de octubre, quedó radicada en la UFI 8 y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”. A esa denuncia se suman otras actuaciones por hechos de índole sexual y una presentación por amenazas.
En uno de los expedientes, el Juzgado de Garantías 1 dispuso una restricción de acercamiento y contacto durante 90 días entre Martínez Lastra y una denunciante. En paralelo, el Municipio abrió un sumario administrativo.
En su comunicado, Ni Una Menos también hizo referencia a las dificultades que pueden atravesar las mujeres para denunciar situaciones de violencia en contextos laborales.
“Sabemos que hay muchas mujeres que tienen miedo y otras que no se animan a denunciar y que en contextos de precarización y asimetría laboral, la necesidad de preservar el empleo condiciona las libertades individuales”, expresaron.
Asimismo, recordaron que “la violencia sexual abarca un conjunto amplio de conductas no consentidas” y que es precisamente “la ausencia de consentimiento libre lo que transforma un acto sexual en una conducta violenta”.
Solicitud a los medios
A la Justicia le exigieron “investigaciones proactivas, eficaces, con perspectiva de género y enfoque interseccional, libres de estereotipos y con libertad probatoria”.
Al Poder Ejecutivo municipal le reclamaron que garantice la integridad de las trabajadoras, cumpla con la Ley 26.485 y revise los protocolos existentes.
Finalmente, también solicitaron a los medios de comunicación “el resguardo necesario hacia las denunciantes que han optado por no dar sus testimonios en lugares distintos al de la Justicia”.
El documento lleva las firmas de la Secretaría de Géneros de la CTA Autónoma, Suteba, ATE, un grupo de trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, Biblioteca Popular de las Mujeres, Asociación Civil Casa Violeta, Colectiva Mala Junta, Frika Sambareggae, Centro Cultural La Compañía, Pañuelos en Rebeldía, Corriente Social y Política Marabunta y Asamblea Transfeminista de Tandil.
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