Ordenaron cortar la luz en un inmueble de La Elena para garantizar la paralización de obras

El Juzgado de Faltas Nº 2 de Tandil dispuso nuevas medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de una paralización de trabajos en un inmueble de la zona de La Elena, donde se investiga la conformación de un condominio. Entre las decisiones adoptadas, ordenó a la Usina Popular y Municipal de Tandil el corte inmediato del suministro eléctrico y el retiro del medidor correspondiente al predio.

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La resolución fue dictada el 29 de octubre, en el marco de la Causa Nº 322351/25, a partir de las actuaciones y requerimientos impulsados por el Municipio. Comprende al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección F, manzanas 196d y 196h, ubicado dentro de la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

El objetivo de las medidas es impedir la eventual continuidad de intervenciones y preservar tanto el ordenamiento territorial como los valores naturales y ambientales del sector. La decisión tiene carácter preventivo y no implica una determinación definitiva de responsabilidades.

Trabajos sin permiso y nuevas inspecciones

Según la información difundida por el Municipio, las actuaciones comenzaron a partir de la constatación de trabajos que no contaban con el correspondiente permiso municipal. Esa situación motivó la intervención de la Dirección de Obras Privadas y la intimación a paralizar las tareas.

Posteriormente, nuevas inspecciones incorporadas al expediente dieron cuenta de distintas intervenciones materiales, entre ellas aperturas de calles, divisiones internas mediante alambrados y cercos, instalaciones vinculadas al suministro eléctrico y construcciones.

Estas circunstancias continúan sujetas a las verificaciones correspondientes. No obstante, fueron consideradas por el Juzgado al momento de disponer nuevas medidas ante la eventual continuidad de los trabajos pese a la paralización ordenada.

En ese marco, requirió a las direcciones municipales de Obras Privadas y Ordenamiento Territorial que informen sobre la situación administrativa y urbanística del inmueble. El pedido incluye la existencia de permisos, planos aprobados, autorizaciones y eventuales solicitudes de regularización.

Además, ambas dependencias deberán verificar la vigencia y el cumplimiento de la paralización.

Corte del suministro y medidas de vigilancia

La intervención ordenada a la Usina no se limita a la interrupción del servicio y al retiro del medidor. También contempla la adopción de las medidas necesarias para evitar posibles conexiones no autorizadas que pudieran facilitar la continuidad de los trabajos.

Por otra parte, el Juzgado solicitó la intervención de la Secretaría de Protección Ciudadana, a la que requirió evaluar medidas preventivas y de vigilancia en el lugar, dentro de sus competencias legales.

El conjunto de disposiciones procura evitar que continúen o se consoliden intervenciones que pudieran comprometer las condiciones urbanísticas y ambientales del sector protegido.

Los antecedentes de los reclamos en La Elena

La preocupación por las intervenciones sobre el suelo y la oferta de desarrollos inmobiliarios en La Elena tiene antecedentes durante este año. Tal como informó El Eco, en enero el Municipio había intervenido por la apertura de calles y movimientos de suelo sin autorización en un predio de Pavón y Chimango.

En aquella oportunidad, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó que el terreno no contaba con habilitación para un loteo y advirtió sobre las restricciones para subdividir en ese sector.

Días después, una nueva intervención municipal por el ingreso de materiales volvió a poner en discusión la necesidad de contar con autorizaciones y estudios técnicos antes de modificar el terreno.

Los reclamos también tuvieron una expresión vecinal. Frentistas de La Elena presentaron una nota ante la Comuna para solicitar controles sobre los desarrollos ofrecidos como condominios y resguardar la función hídrica, ambiental y paisajística del barrio.

En paralelo, la Asamblea por la Preservación de las Sierras manifestó su preocupación por la promoción de loteos en sectores protegidos y reclamó información para quienes evaluaran adquirir terrenos. El debate llegó además al Concejo Deliberante, donde se solicitaron precisiones sobre la situación administrativa de los predios y las actuaciones municipales.

Con la nueva resolución, el Juzgado de Faltas reforzó las herramientas de control sobre el inmueble identificado en la causa. Desde el Municipio recordaron que toda obra, apertura de calles, división material del suelo o intervención que requiera autorización debe contar previamente con los permisos y aprobaciones correspondientes, especialmente en áreas alcanzadas por regímenes de protección urbanística y ambiental.

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El Eco de Tandil

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