Crisis habitacional
Toma en La Movediza: Plazo de 30 días para resolver situaciones puntuales
Se solicitó para atender casos de vecinos que están en una máxima situación de vulnerabilidad.
Este lunes, tras las presentaciones efectuadas por la defensa y por la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, finalmente se suspendió el desalojo de las 64 familias apostadas en el predio de Piccirilli al 1000.
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La decisión generó diferentes opiniones entre la comunidad. Hay quienes apoyan fervientemente la intervención de la fuerzas de seguridad para desocupar el terreno, y otros que manifiestan que primeramente se debería solucionar el problema habitacional de los integrantes de la toma.
Para comprender las razones por las cuales se dio la suspensión, y conocer la continuidad de la causa, “El Resumen de El Eco” dialogó con Pablo Molina, el defensor oficial subrogante, quien, entre otras cosas, comentó que se solicitó un plazo de 30 días atender casos de vecinos en situación de vulnerabilidad.
Primeramente, explicó que en el marco de la actuación de la defensoría penal, se pidió la suspensión del desalojo que ya estaba dispuesta por el Juzgado de Garantías.
“Primero se hizo aplicación del protocolo, se abrió una etapa de negociación que no llegó a buen término, y resulta que hay una situación emergente de un grupo de familias de la toma que es distinta a la de la mayoría. La conformación de los integrantes es heterogénea”, indicó.
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El letrado refirió que dado que las tierras tiene un dueño comprobado que posee derechos sobre esos terrenos, lo que se busca es que distintos actores de la estructura estatal, que son entes de Provincia y Nación, "se acerquen en esta segunda instancia de negociación de 30 días, y eventualmente prorrogable para otros 30 días".
En esa línea, la intención es que puedan brindar una respuesta respecto de aquellas familias que están en una máxima situación de vulnerabilidad, “y que no son la mayoría de los integrantes de la ocupación”, aclaró Molina.