Tras una orden de desalojo del Juzgado Federal, el Movimiento 1 de octubre liberó el corte de la 226
El Juez Federal de Azul se presentó en la madrugada de ayer con la disposición de que la agrupación encabezada por Griselda Altamirano se retire de la zona tomada. Los manifestantes debieron identificarse en la Policía y fueron notificados de la apertura de una causa penal. La líder aclaró que no piden planes, sino el desarrollo de un proyecto integral de producción.
A casi una semana del acampe y corte de ruta en la rotonda de 226 y Aeronáutica Argentina, el Juez Federal de Azul Martín Bava ordenó el desalojo del Movimiento 1 de Octubre. Tras al menos cuatro denuncias que habían formulado desde Tandil distintos funcionarios, la autoridad procedió a dictar la orden que autorizó el levantamiento del piquete, que había cortado el tránsito en ambos sentidos en esa zona de la ruta nacional por seis días.
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Además, se ha iniciado una causa penal federal, por lo que tanto la líder de la organización Griselda Altamirano, como otros miembros fueron notificados de la misma y serán citados a prestar declaración.
El inicio del procedimiento comenzó alrededor de las cinco de la mañana y transcurrió de manera pacífica, a cargo de la subdelegación local de la Policía Federal Argentina junto con Gendarmería, con el apoyo de integrantes de la Policía Bonaerense.
Por esas horas se pudo ver que los integrantes de la organización comenzaron a trasladar los colchones, mantas, carpas y otras pertenencias hacia los vehículos estacionados en inmediaciones del lugar. Cerca de las siete, Altamirano ya había sido convocada a identificarse a la subdelegación de la Federal junto a otros de sus compañeros. Por este motivo, el proceso de desalojo no fue llevado a cabo por la misma cantidad de gente que se mantuvo por estos días sosteniendo la medida de fuerza, entre los que quedaron se encontraba Jorge Lezica, uno de los referentes.
Por otro lado, simultáneamente, desde la regional de Anses en Pinto al 500 procedieron a desarrollar un operativo especial con vallado y seguridad para evitar nuevas intervenciones de la agrupación en el lugar, como ocurrió la semana pasada, o al menos que su posible llegada no impida el ingreso de los trabajadores.
Luego de que todos dejaran sus identidades registradas en esa dependencia estatal, Griselda Altamirano advirtió que analizarán los pasos a seguir como para darle continuidad al reclamo. “Siempre una medida de fuerza sirve, por lo menos para mostrar que no nos arrodillamos ni vamos a seguir aceptando ser aprendices de esclavos”, analizó sobre los días de acampe.
Una retirada pacífica
Desde un principio la líder del movimiento manifestó que si se presentaba una orden judicial, ellos se iban a retirar tranquilamente, por eso admitió que fue la primera en subirse al patrullero junto su bebé. “Nos pidieron que nos acerquemos a identificarnos sin permitirnos ir a nuestras casas, suponemos que a modo de escarmiento”, indicó Altamirano luego de dejar sus huellas en la Policía Federal, pero también contó que en ningún momento tuvieron contacto directo con la orden del Juez, que estaba en una de las camionetas de Gendarmería según le dijeron.
“Qué más se le puede pedir a Bava, que ha soportado las presiones políticas y los llamados telefónicos”, exclamó, considerándose en contra de la interpretación del Código Penal ejercida con respecto al avance con el desalojo del corte de ruta. “Hasta ahora venía en una coherencia de nunca levantar un corte, ni a nosotros ni a la oligarquía”, explicó la referente, quejándose de que “se muestra siempre es el poder coercitivo”.
Por otro lado, con respecto a la causa penal, sostuvo que aún no ha sido notificada, pero sabe que está directamente ligada a la interrupción del tránsito. En este sentido, hizo hincapié en que la Justicia no es independiente y responde siempre a la clase dominante. De todas maneras, ante la información de que los vecinos habían manifestado su disconformidad y molestias causadas por la toma de ese predio, refutó que los entiende, pero no avala que los hayan tomado como excusa para el levantamiento. De hecho, aseveró que muchos de esos ciudadanos seguramente no viven bien ni cuentan con un trabajo genuino, por lo que insistió con que es el poder político el que tiene que dar una respuesta a la problemática de empleo y dejar de lado la pelea con el Movimiento que lidera. “De esta manera no está resolviendo ni el trabajo del vecino común, ni de cualquier otra persona que se acerque a ese Ministerio de la Nación”, exhortó.
Salario social como complemento
“No pedimos 500 planes de trabajo, lo que hicimos fue plantearle al director regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola, un conjunto de proyectos productivos, remarcando que no queremos el salario social complementario solamente”, explicó la líder. Asimismo, explicó que su petitorio tiene que ver con plan fruti-hortícola, más bloqueras y una herrería metálica, en función de fabricar los bloques y las aberturas del programa “Mejor Vivir”, que destacó como necesario para poder resolver la cuestión del hacinamiento en los barrios. Además, solicitan una fábrica textil mediante la que puedan elaborar las sábanas y toallas de los hospitales, siendo la mediación política la que lleve a que los distintos Municipios y nosocomios estatales compren esa producción. También, se refirió al requerimiento de guarderías a través de los Centros de Primera Infancia (CPI) de Nación, o de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) de Provincia, para poder contener a los chicos y que las madres no estén obligadas a dejarlos en sus casas solos o tengan que pagar a alguien para que los cuide.
“Hay una integralidad en el proyecto que presentamos y planteamos que la organización produzca algo donde cualquier ciudadano pueda tener acceso a una producción de 15 mil pesos como mínimo, y el salario social complementario sea lo que es, un aporte que sume para que al trabajador le alcance a superar el límite de pobreza”, declaró y, según sus cálculos lo que cualquiera necesita para poder vivir dignamente son al menos 50 mil pesos por mes. “Por el contrario, tienen a la gente en el límite de la indigencia, con entre ocho y diez mil pesos por mes, y esta es la cuestión que molesta”, remató.
Con respecto al listado de la cúpula de integrantes de la agrupación, destacó que ella misma la ha ofrecido a Pereyra Iraola, a partir de lo que le propusieron la incorporación a una bolsa de trabajo. Sin embargo, en lo que no se han puesto de acuerdo, es que en ese tipo de herramientas no solamente figure lo que cada uno sabe hacer, sino el detalle explícito del salario que pretenden. “Acá la discusión no es que queramos manejar clientelarmente algo, sino que el Estado que tiene que generar el trabajo no lo hace, y recae siempre en las organizaciones que trabajamos en serio intentar generar unidades productivas para intentar conseguir un trabajo genuino”, exclamó, subrayando que su reclamo apunta a que la gente logre tener dignidad a partir del empleo, diferenciándose de otros grupos que “aceptan las migajas que son los planes sociales”.
“No damos subsidios”
Por su parte, el director regional de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Gonzalo Santamarina, remarcó que “no ha sido gratis lo que hicieron por estos seis días, ya que perjudicaron a muchos vecinos”. “Finalmente el Juez actuó, abrió una causa penal de la cual se los notificó y por la que están imputados”, señaló.
Por otro lado, el funcionario advirtió que algunas de las propuestas que presentaron desde el Movimiento 1 de Octubre son de difícil concreción, siendo que además piden 500 planes de trabajo con salarios de 21 mil pesos. “La Secretaría no entrega subsidios”, determinó, sin embargo dijo que desde su espacio proponen que la organización abra el listado de su gente, a fin de poder trabajar con ellos de manera individual. “La intención es que todos puedan pasar de la cultura del asistencialismo a la del trabajo”.
Por último, resaltó la importancia de recorrer un camino hacia la reinserción laboral de los integrantes de esta agrupación, aunque advirtió que será largo. “Lo demás es especulación”, mencionó determinante.