Vecinos de Las Tunitas denuncian un "aguantadero" al lado de un jardín
Presentaron una carta formal ante el Municipio por una propiedad abandonada junto al patio del Jardín Cocomiel.
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A través de una misiva formal dirigida al Intendente y a la Secretaría de Protección Ciudadana, un grupo de vecinos denunció que una propiedad abandonada, ubicada en Bolivia y Rosello, es utilizada habitualmente como un "aguantadero". Raúl Escudero, presidente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (Amemt), manifestó a través de sus redes sociales su preocupación por la situación de vulnerabilidad que atraviesa un sector de Las Tunitas.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailDe acuerdo a lo descrito en diálogo con este Multimedios por Escudero, la vivienda abandonada se utiliza para el consumo y la comercialización de sustancias. El dirigente social subrayó la gravedad del hecho, destacando que el inmueble colinda directamente con el patio del Jardín de Infantes Cocomiel, separados únicamente por un alambrado perimetral.
En sus declaraciones, Escudero explicó que la problemática no es nueva, pero que el hartazgo de la comunidad llegó a un límite ante la falta de respuestas del Gobierno local. Los vecinos, entre los cuales se encuentran algunos asociados a la mutual, relataron un panorama de riesgo permanente y molestias constantes. Escudero instó a las autoridades a localizar al propietario de la vivienda, de quien tiene el dato que vive en la ciudad.
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La ubicación de la vivienda es uno de los puntos que mayor alarma genera en los residentes de la zona. Según detalló Escudero, el fondo de la casa en cuestión da directamente con el patio de juegos del Jardín Cocomiel. La división entre ambos predios consiste en un tejido que los vecinos describieron como "totalmente vulnerable". Esta proximidad expone a los niños que asisten a la institución a un entorno de marginalidad y peligro constante.
Además del uso de la estructura como sitio de pernocte y comercialización de drogas, el estado de abandono del terreno sumó otros problemas. Los pastizales altos y la acumulación de suciedad en el frente de la propiedad completan un cuadro de desidia que, según los denunciantes, fue comunicado en reiteradas oportunidades a las áreas de seguridad sin obtener soluciones. En la nota enviada al Ejecutivo, los vecinos advirtieron que, de no mediar una intervención oficial, analizarán medidas para evitar que la vivienda continúe siendo utilizada con fines ilícitos.
Críticas a la falta de políticas preventivas
El reclamo en Las Tunitas sirvió como disparador para que Escudero trazara un diagnóstico más amplio sobre el crecimiento de las adicciones en la ciudad. El referente de Amemt fue tajante al señalar que en Tandil "se habla mucho y se hace poco" respecto al consumo problemático. Para el dirigente, la ausencia de hechos concretos y de una mirada preventiva por parte del Estado local es lo que permite que el flagelo avance sobre los barrios más vulnerables.
"Esto es como las enfermedades, se previenen", comparó Escudero al referirse a la necesidad de políticas públicas de salud. Utilizó la analogía de la vacunación para explicar que el Estado no debe intervenir únicamente cuando la "epidemia" ya está declarada y los jóvenes han "tocado fondo", sino que debe existir un trabajo previo que resulte visible para la sociedad. En ese sentido, lamentó que su propuesta para crear un centro de recuperación no haya encontrado el eco necesario en las autoridades municipales.
Escudero también analizó las dificultades que enfrentan los distintos niveles del Estado para abordar esta problemática de manera integral. Si bien reconoció que la resolución de estos conflictos requiere de una inversión económica y de una responsabilidad compartida entre la Nación, la Provincia y el Municipio, hizo hincapié en que es el Gobierno local quien debe gestionar y exigir los recursos necesarios.
Mencionó que, en muchas ocasiones, las autoridades municipales argumentan que los aportes de niveles superiores no llegan. Sin embargo, insistió en que el Estado local no puede desentenderse de la situación de sus propios vecinos. "Si el Estado no se hace cargo, ¿a quién le pedimos?", se preguntó, subrayando que la falta de previsión hace que el acceso a las sustancias para el consumo sea cada vez más sencillo en todos los puntos de la ciudad.
La respuesta del Municipio
Luego de que el caso tomara estado público, El Eco se puso en contacto con representantes del Gobierno Local para conocer los caminos que tomarán en pos de una solución. Según confirmaron fuentes oficiales, se está siguiendo el procedimiento que establece la ordenanza de cerramientos. “La primera inspección se hizo a fines de abril y, a partir de ahí, se notificó a la propietaria para que realizara el cerramiento por sus propios medios”, aseguraron.
Vale recordar que la ordenanza establece un plazo de 90 días para que el propietario del inmueble realice las obras correspondientes. En caso de que se cumpla el tiempo establecido y no se hayan realizado las obras, el Municipio puede intervenir de forma directa cobrando los costos de la obra al propietario. Además se establece una multa.
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En esta ocasión, se venció el plazo sin cumplimiento por lo que se labró el acta de infracción y el expediente fue remitido al Juzgado de Faltas, que ahora deberá resolver la sanción. Una vez que eso ocurra, comienza a correr un nuevo plazo para que la propietaria cumpla. Recién cuando se agote todo ese procedimiento, la normativa habilita al Municipio a ejecutar el cerramiento de oficio.
“Es importante entender que el Municipio no puede ingresar a un terreno privado y realizar una obra sin respetar el debido proceso. En este caso, además, la propietaria presentó un descargo manifestando que no cuenta con recursos económicos, lo que también forma parte del trámite administrativo. De todos modos, el expediente viene avanzando y ya tenemos incluso presupuestado el trabajo para hacer el cerramiento cuando la ordenanza nos habilite a intervenir”, aclararon.
Antecedentes recientes
Uno de los casos más resonantes en los que se aplicó la ordenanza de cerramiento fue el del expoliclínico. Tras un derrotero de quejas, cartas presentadas y reuniones de los vecinos con las autoridades de Seguridad, finalmente el Municipio aplicó la normativa y el propietario del predio terminó realizando las obras que trajeron tranquilidad a los vecinos.
No obstante, desde el Gobierno Local destacaron que este es un caso distinto ya que en el predio de Villa Italia se realizó el cerramiento sin necesidad de llegar a la ejecución de oficio.
Otro caso reciente fue la demolición de una propiedad abandonada ubicada en la esquina de Machado y Moreno. Según detallaron desde la comuna, la intervención se dio con el consentimiento del titular del inmueble y tras reiteradas denuncias de vecinos por hechos delictivos y situaciones de violencia vinculadas al inmueble, que con el paso del tiempo se había transformado en un foco de conflictividad e inseguridad, afectando la convivencia en el barrio.
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