El Inta exoneró a la científica balcarceña que lideró un estudio sobre el impacto de los plaguicidas

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que encabezó en Argentina el proyecto internacional Sprint, dedicado a estudiar la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas voluntarias.

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La decisión quedó formalizada mediante la resolución 366 y supone su desvinculación del instituto, además de una inhabilitación para desempeñarse en la administración pública nacional. Se trata de la sanción disciplinaria más severa del régimen de empleo público nacional.

La medida cierra, en el ámbito administrativo, un proceso iniciado a fines de 2023, cuando se abrió un sumario para evaluar distintos aspectos de la ejecución de la investigación, financiada por la Unión Europea.

El organismo fundamentó la sanción en las conclusiones de esa investigación interna. Los cuestionamientos se concentran en la participación de un investigador retirado y en decisiones vinculadas con la administración de los recursos del proyecto, que las autoridades consideraron incompatibles con las obligaciones de Aparicio como agente pública.

Los motivos de la sanción

Uno de los puntos centrales del expediente es la intervención de José Luis Costa, investigador retirado del Inta y pareja de Aparicio, en distintas instancias de Sprint.

De acuerdo con la resolución, Costa participó en tareas de coordinación y accedió a información sensible sin una autorización institucional específica ni una formalización de su función por parte de los órganos competentes.

El Consejo Directivo sostuvo que Aparicio utilizó atribuciones de su cargo como coordinadora para darle una participación relevante a una persona que ya no tenía una relación laboral vigente con el instituto. Las autoridades consideraron ese aspecto como una de las infracciones centrales del caso.

El otro eje del sumario estuvo relacionado con el manejo de los fondos europeos destinados a la investigación. La revisión incluyó ingresos y gastos, entre ellos los desembolsos asociados al traslado de muestras biológicas al exterior.

Según el organismo, algunas decisiones operativas sobre esos recursos se adoptaron sin las autorizaciones institucionales requeridas.

Sin embargo, la resolución incorpora una precisión relevante: los movimientos contables examinados no permiten concluir, por sí mismos, que existió un perjuicio económico equivalente para el Estado. También señala que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para Aparicio.

Pese a esas salvedades, el directorio entendió que las irregularidades administrativas detectadas tenían gravedad suficiente para disponer la exoneración.

Qué investigó el proyecto Sprint

La investigación adquirió repercusión por su objeto de estudio y por los resultados difundidos. Sprint fue una iniciativa internacional coordinada desde Europa para analizar residuos de plaguicidas en ambientes rurales, alimentos, animales y personas.

En Argentina, las tareas estuvieron a cargo de un equipo radicado en Balcarce. El trabajo incluyó la recolección de muestras biológicas y ambientales para evaluar la exposición a distintas sustancias utilizadas en la actividad agropecuaria.

Los hallazgos difundidos por los investigadores mostraron la presencia de diversos compuestos en muestras humanas y ambientales. Su presentación abrió una discusión sobre la exposición a agroquímicos, los posibles riesgos asociados y los mecanismos de control.

Los fundamentos de la sanción se refieren a la gestión administrativa del proyecto, mientras que los resultados científicos forman parte del contexto en el que se desarrolló el conflicto.

Antecedentes de una relación en tensión

La difusión de los hallazgos ya había provocado diferencias entre Aparicio y las autoridades del instituto. En los últimos años, el Inta tomó distancia institucional de la investigación y de la presentación de algunos de sus resultados.

En ese escenario, sectores científicos, académicos y ambientales denunciaron presiones políticas y administrativas sobre el equipo de trabajo.

La exoneración profundiza ese conflicto y pone fin a la continuidad de Aparicio dentro del organismo. La decisión administrativa se apoya en las infracciones que el Consejo Directivo consideró acreditadas en el sumario, aun cuando el propio expediente no estableció un enriquecimiento directo de la investigadora ni permitió equiparar los movimientos contables observados con un daño económico para el Estado.

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El Eco de Tandil

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