El Municipio de Azul demandó en la Justicia al Gobierno Nacional por el mal estado de la Ruta 3. Se trata de una de las vías troncales de la Argentina que une Buenos Aires con Ushuaia, en Tierra del Fuego, en un trayecto de más de 3000 kilómetros.

La presentación fue realizada por el intendente Nelson Sombra y por el abogado Roberto Dávila, subsecretario Legal y Técnico de la comuna. Dadas las condiciones de abandono de la ruta, se promovió una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar.

"Se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes", destaca el escrito, según informó el diario El Tiempo de Azul.

La presentación se realizó ante el Juzgado Federal número 2 de Azul y se remarca en el escrito que la "inacción de las demandadas es de público y notorio conocimiento, ya que basta con circular por la vía para advertir la falta de mantenimiento y los problemas que presenta en la seguridad para circular".

"La situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos", se puntualiza en la demanda judicial. Al mismo tiempo, se afirma que "el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó" a Corredores Viales.

Bajo ese marco, "se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada", por lo que se pretende que "las demandadas reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad".

Reclamo de vecinos por el mal estado de la ruta 3

Cabe destacar que vecinos autoconvocados de Azul y de otros distritos, como Tandil y Olavarría, vienen realizando banderazos para reclamar por el mal estado de las rutas nacionales y exigir la reactivación de obras paralizadas por el Gobierno de Javier Milei.

La solicitud para transformar a la Ruta 3 en autovía lleva años de lucha y tiene como objetivo lograr una medida estructural y definitiva para reducir los siniestros viales y las muertes en ese corredor.

En las últimas décadas se sucedieron anuncios y licitaciones, pero gran parte de las obras quedaron inconclusas o directamente no se iniciaron. Las demoras, atribuidas a cambios de gobierno, falta de financiamiento o problemas contractuales, forman parte del malestar que desemboca en este tipo de acciones colectivas.

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