A un mes del magnicidio, 44 detenidos y pocas certezas de la autoría intelectual

Los doce balazos que Jovenel Moise recibió en su residencia de Puerto Príncipe también le abrieron los ojos a la región sobre un punto en el que nunca, o casi nunca, había puesto la mirada con atención: el rol de Colombia como país exportador de mercenarios, ya probado en otras zonas del mundo.

Y hasta generó algún roce entre ambos países, porque Bogotá se quejó del trato que reciben sus connacionales detenidos y de la falta de asistencia legal para ellos.

El asesinato en sí encierra una maraña de nacionalidades: el comando estaba integrado por una veintena de colombianos, reunidos por una empresa de seguridad de Estados Unidos que dirige un venezolano, financiado por otra firma de EE. UU. propiedad de un ecuatoriano y la mayoría de las reuniones de organización fueron en República Dominicana.

Hasta acá están arrestados 18 exmilitares colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano, y varios expolicías –algunos por participación directa y otros por incumplimiento de sus deberes-, un médico y pastor y un exfuncionario judicial, y se busca a un exsenador, a una exjueza y otros varios civiles de roles aún no del todo claros.

Investigación compleja

La permanencia de Moise en el poder era muy cuestionada desde prácticamente todos los sectores, que daban por finalizado su mandato, lo que complejiza aún más la búsqueda de la responsabilidad intelectual.

De hecho, la Policía haitiana primero señaló al pastor y médico Christian Emmanuel Sanon y después al exfuncionario judicial Joseph Félix Badio sin mostrar más pruebas que algunas fotos de reuniones y sin que se visualice el objetivo último de matar al mandatario.

Ahora, el fiscal Bed-Ford Claude, a cargo del caso, busca a otras cinco personas: un empresario, dos líderes políticos y dos pastores. A todos los considera “sospechosos”.

Entre los señalados esta Liné Balthazar, del partido Tét Kale –el mismo de Moise-; el líder del opositor partido Inifos, Paul Denis; el empresario Samir Handal y los pastores protestantes Gérard Bataille y Gérard Forges, estos dos últimos referentes de las protestas antigubernamentales desde la Comisión Protestante contra la Dictadura de Haití.

Se los acusa a todos de “tentativa de homicidio, robo a mano armada y asesinato”, y la búsqueda también apunta a la exmagistrada Wendel Coq Thélot.

De fondo se investigan también, con asistencia de Estados Unidos, los movimientos de dos firmas claves en el operativo: la empresa de seguridad CTU Security, de Miami, propiedad del venezolano Antonio Intriago; y la financiera Worldwide Capital Lending Gropup, del ecuatoriano Walter Veintemilla. (Télam).