Dina Boluarte no declaró en la investigación por la represión

“La situación es la misma”, dijo a los reporteros su abogado, Joseph Campos, tras la diligencia, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en medio de medidas especiales de seguridad. La defensa solicita el cierre de la investigación con el argumento de que “no tiene asidero”.

Según se pudo establecer, Boluarte se limitó a responder cuestiones generales, pero se abstuvo de dar respuestas específicas, una actitud que le está permitida por ley.

Es la segunda vez que Boluarte atiende una diligencia similar dentro de la investigación que se les sigue por los hechos ocurridos durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado, en las que murieron 49 personas, o 77 si se tienen en cuenta hechos colaterales.

En la primera ocasión, la presidenta también se mantuvo en silencio, a pesar de que su departamento de prensa dijo que sí había colaborado, lo que fue desmentido después.

La investigación, que según juristas expone a Boluarte a más de 20 años de cárcel, incluye al hoy jefe de gabinete y entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, también citado a interrogatorio por la Fiscalía.

El abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera había advertido que el interrogatorio incluía tres casos que no hacían parte de la primera citación: las muertes en Lima y el departamento andino de Cusco y lesiones graves en la ciudad selvática de Pucallpa.

Paradójicamente, el único muerto en Lima, Pedro Santibáñez, un obrero de 55 años, cayó a apenas unos metros de donde se desarrolló la diligencia de ayer. En su caso, como en varios otros, hay imágenes de video que muestran que se le disparó a quemarropa cuando estaba indefenso.

Las protestas estallaron poco después de que Boluarte asumiera la presidencia el 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo -destituido por el Congreso y detenido después de que intentara disolver al Legislativo- y se encontraron con una dura respuesta de parte de las Fuerzas Armadas.

Diversos organismos nacionales e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han hablado de exceso de fuerza en la represión y de posibles ejecuciones extrajudiciales. (Télam)