Donald Trump firmó nuevos decretos para restringir la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump firmó el 6 de agosto dos órdenes ejecutivas que restringen la ciudadanía por nacimiento para cuatro categorías de personas nacidas en suelo estadounidense. La medida se implementa apenas cinco semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara, por 6 votos contra 3, un intento previo del Ejecutivo para eliminar este derecho de manera generalizada.

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Las nuevas normativas son más acotadas que la propuesta anterior. En lugar de atacar el derecho de forma global, se enfocan en grupos específicos bajo el argumento de que existen excepciones reconocidas históricamente por los tribunales. La primera orden, denominada Continuación de la protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense, instruye a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía para niños nacidos bajo estas condiciones, siempre que ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense.

La segunda orden, titulada Fin del turismo de nacimiento, delega en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional la facultad de denegar visas, revocar autorizaciones de viaje y expulsar a quienes ingresen al país con el propósito de dar a luz, según reportó Jurist. Las agencias federales disponen de 30 días para detallar el alcance de la norma y emitir orientación pública.

Disputa legal y cifras en debate

El alcance real de esta práctica es objeto de controversia. Mientras el Centro de Estudios de Inmigración estimó en 2020 entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales vinculados a turistas, un estudio de investigadores de Penn State publicado en junio de 2026 redujo la cifra a un rango de entre 5.000 y 10.000, lo que representa el 0,3% del total de nacimientos en el país. Por su parte, Donald Trump sostuvo ante la prensa que la práctica involucra a cientos de miles de personas, una cifra que carece de respaldo por parte de investigadores independientes.

El 30 de junio de 2026, el Tribunal Supremo resolvió el caso Trump v. Barbara, anulando una orden ejecutiva previa que buscaba reinterpretar la Decimocuarta Enmienda. En aquella ocasión, el presidente del tribunal, el juez John Roberts, afirmó:

“Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘cada persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.

Tras la firma de los nuevos decretos, la American Civil Liberties Union anunció que iniciará acciones legales. La organización sostiene que la Decimocuarta Enmienda no permite este tipo de restricciones por vía ejecutiva, por lo que se espera que el conflicto regrese a los tribunales en las próximas semanas.

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