El informe fue elaborado por la Defensoría General del Pueblo del Estado de Río de Janeiro, según reportó Agencia Brasil-

La Policía Civil informó que 97 de los fallecidos tenían “antecedentes penales significativos”. Entre los muertos, 59 tenían “órdenes de arresto pendientes”.

El comunicado oficial reconoce que otros 17 “no tenían antecedentes penales”, pero según investigaciones posteriores, “doce mostraron evidencia de participación en el tráfico de personas en sus redes sociales”.

La lista cataloga a los fallecidos como “neutralizados” e indica que 62 de ellos son de otros estados: “19 de Pará, 9 de Amazonas, 12 de Bahía, 4 de Ceará, 2 de Paraíba, 1 de Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 de Espírito Santo, 1 de São Paulo y 1 del Distrito Federal”.

Un informe policial indica que en Río de Janeiro hay “líderes de organizaciones criminales de 11 estados de la Federación, de cuatro de las cinco regiones del país”.

El principal objetivo de la operación, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, líder del Comando Vermelho (CV), sigue prófugo seis días después del operativo policial.

Ninguna de las personas fallecidas había sido reportada al Departamento de Justicia por la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro.

El Colegio de Abogados de Río de Janeiro creó un observatorio para monitorear la investigación sobre la aplicación de la ley por parte de la Policía Civil y Militar durante la Operación Contención.

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó al gobierno de Río de Janeiro que preservara “todos los elementos materiales” relacionados con el operativo policial. NA

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