El presidente de Ecuador lanzó su última apuesta en pos de garantizar su modelo

En medio de la incertidumbre poselectoral por quién pasará al balotaje con el correísmo, el presidente saliente de Ecuador, Lenin Moreno, presentó un proyecto de ley para hacer independiente al Banco Central de Ecuador (BCE).

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Algunos especialistas advirtieron que la medida condicionaría al próximo Gobierno y  ya fue denunciada por el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, como “una privatización”.

Apenas un día después de los comicios, Moreno envío el denominado Proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea Legislativa “con carácter económico urgente”, por lo que si no logra tratarse en un mes, la medida podría ser adoptada por decreto.

La iniciativa, que contempla 84 reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, forma parte de las metas incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de agosto de 2020 y su aprobación permitiría el desembolso en mayo próximo de otros 400 millones dólares al país.

Según afirmó el Gobierno, uno de los objetivos del proyecto es dotar de autonomía al BCE para “evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado”.

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No obstante, hay expertos que advierten sobre la “mal llamada” independencia del BCE y sus consecuencias en la maltrecha economía ecuatoriana, cuya situación ha empeorado drásticamente con la pandemia.

“Es una reforma que busca entregarle el directorio central al sector privado. No es una independencia, sino una dependencia de los grandes grupos económicos del país”, dijo a Telám el especialista en sociología económica y mercados ecuatorianos, Andrés Chiriboga.

Para el analista, el proyecto supone “atar de manos” a la entidad y generar una “regulación mínima”, con la liberalización de las tasas de interés y una reducción de los controles al sistema financiero, además de otros mecanismos polémicos de “subsidio y salvataje bancario” y el uso de la reserva internacional.

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“Es un gran peligro para cualquier tipo de economía y más aún para una economía sin moneda propia”, sentenció.

Una opinión distinta manifestó Alberto Acosta, editor de la publicación Análisis Semanal, quien consideró que una economía dolarizada no necesita de un Banco Central.

“Correa eliminó (en 2014) la autonomía del BCE con el objetivo de utilizarlo para financiar gasto público”, explicó y agregó: “El desafío de esta reforma es devolver la liquidez al BCE y cerrar esa brecha que tiene actualmente tan grande para que pueda responder frente a todos los depositantes”.

 

El contexto

 

Pese a estas diferencias conceptuales, la reforma genera también controversia por darse en un contexto de transición de poder, en el que el Gobierno de Moreno -con la popularidad por el suelo y tras una derrota total de su partido en las elecciones- busca garantizar la continuidad de sus políticas económicas más allá de su mandato presidencial y de quién lo suceda.

“A Guillermo Lasso le viene muy bien, es un marco regulatorio que le conviene, pero a Arauz le pone un ancla a su programa económico”, señaló Chiriboga, doctorando y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París.

En lo inmediato, la validación de la reforma supondría que Arauz renuncie a su promesa de campaña de entregar en la primera semana de Gobierno un subsidio de mil dólares a un millón de familias afectadas por la pandemia, que pretendía financiar con dinero de la reserva internacional.

El candidato correísta fue el primero en denunciar la maniobra del Gobierno y pidió a los legisladores archivar la iniciativa. (Télam)