Jueces brasileños percibieron sobornos a cambio de sentencias

Desde 2005, el Consejo Nacional de Justicia condenó a siete jueces y a seis camaristas por venta de sentencia y medidas cautelares, varias de ellas a pedido de dirigentes políticos, de acuerdo con datos oficiales publicados por el sitio The Intercept Brasil.

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Es el mismo sitio que hace cuatro meses revelara los diálogos de los chats de Telegram de los fiscales de la operación Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro, en los cuales aparecen jugadas políticas y los pormenores de la condena al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de que la corrupción de los políticos y las empresas fueran puestas en el primer plano nacional e internacional con la operación Lava Jato, los datos del Consejo Nacional de Justicia, una suerte de consejo de la magistratura en Brasil, no dejan dudas: también jueces se corrompieron para vender sentencias.

El caso más grave fue el de un magistrado del Tribunal de Justicia de Bahía, la máxima corte de ese estado del noreste del país, llamado Rubem Dario Cunha.

Según las investigaciones, Cunha cobró 400 mil reales (casi cien mil dólares) en 2007 por fallar a favor del entonces intendente de Sao Francisco de Conde, Antonio Pascoal Batista, del Partido Laborista Brasileño (PDT), denunciado por la fiscalía de desvío de unos 300 mil dólares.

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Según la causa, Cunha le pidió también al alcalde un cargo para su nuera en la Municipalidad.

Los estados con la mayor cantidad de casos son Tocantins, en el norte amazónico, y Bahía y Ceará, en el noreste, con cuatro cada uno.

En la otra punta aparece la venta “mayorista” de fallos por parte del juez de primera instancia José Dantas Lira, de la pequeña Ceará-Mirim, en el estado de Rio Grande do Norte.

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Cada medida cautelar era vendida a 750 reales, unos 180 dólares. El juez Dantas le concedió 22 fallos favorables a apenas tres personas en apenas seis meses.

 

Máxima sanción

 

En dos años, este juez recaudó tres millones de reales, unos 750 mil dólares, y la sanción fue la máxima pena que tiene para los jueces el Consejo Nacional de Justicia: la jubilación obligatoria.

Estos casos se conocieron cuando en el Congreso avanza la conformación de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Lava Jato, que cuenta con el respaldo de la oposición y parte del oficialismo.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Moro, actual ministro de Justicia, le expresó preocupación por el asunto al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, segundo en la línea de sucesión presidencial.

Es que la operación Lava Jato se encuentra bajo revisión por parte del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) a raíz de sus fallas procesales y de investigación.

Mañana debe definirse si todas las condenas de Lava Jato deben anularse a raíz de que Moro alteró el procedimiento del juicio, ocultando a las defensas el alegato final de los criminales confesos que adhirieron a la delación premiada.

También The Intercept reveló la trama fuera de la legalidad supuestamente trazada por el jefe de los fiscales de Curitiba, Deltan Dallagnol, para investigar los desvíos de Petrobras y el accionar de corte partidario contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

El expresidente se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y busca la anulación de su proceso.

Lula tiene el derecho de acceder a un régimen domiciliario con tobillera electrónica, pero el exmandatario busca la anulación. “Espero salir y que entren Moro y Dallagnol a la cárcel”, dijo en un video divulgado el sábado durante una entrevista con los economistas Eduardo Moreira y Luiz Gonzaga Belluzo. (Télam)