López Obrador pondrá en juego la continuidad de su Cuarta Reforma

El presidente de México enfrentará una amplia y trascendental elección, vital para continuar con las reformas estructurales que encaró desde el inicio de su mandato, a las que se oponen en bloque los partidos políticos tradicionales.

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En 2018, Andrés Manuel López Obrador -AMLO, como llaman los mexicanos al líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- fue electo con más del 52 por ciento de los votos, pero el sistema mixto con que se eligen por trienio los 500 miembros de la Cámara de Diputados -300 por mayoría y 200 por proporcionalidad- lo dotó de una mayoría calificada de 338 legisladores.

Con ese respaldo, que ningún presidente tuvo en los últimos 20 años, AMLO encaró una reforma estructural del Estado que, desde la misma elección del nombre, “Cuarta Transformación”, escaldó a los partidos tradicionales.

Las otras transformaciones son la Guerra de la Independencia; la Guerra de la Reforma, con la que se pasó del Estado colonial al Estado nacional, y la Revolución Mexicana, que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz y habilitó el marco institucional que todavía rige.

Para poner en contexto la llegada de López Obrador al Gobierno, en su tercer intento, estuvo precedida por escándalos de corrupción como el de las coimas de la multinacional brasileña Odebrech, que salpicaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional-PRI) y a su antecesor, Felipe Calderón (Partido Acción Nacional –PAN), así como el crecimiento sin pausa del poder de los carteles del narcotráfico, lo que le sumó a sus votantes de izquierda a parte de la clase media mexicana.

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Ese desprestigio de las fuerzas tradicionales le permitió al candidato de Juntos Haremos Historia, (coalición de Morena, los partidos Del Trabajo, Encuentro Social, Verde y cinco independientes) asumir con el suficiente respaldo parlamentario para impulsar y aprobar ocho reformas a la Constitución y 59 enmiendas a leyes, códigos y reglamentos.

Entre las reformas constitucionales, no exentas de polémica, se anotan la extinción de dominio (que le permite al Estado utilizar los recursos incautados a la delincuencia organizada), la prisión preventiva oficiosa para crímenes de corrupción y otros, la creación de la Guardia Nacional, una reforma educativa, la paridad de género en cargos públicos, el acotamiento al fuero del presidente de la república, el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos y la que establece el carácter vinculante de la consulta popular y la revocatoria del mandato presidencial.

Entre las más polémicas enmiendas se anotan la Ley de Seguridad Interior, la que pone tope a los sueldos de los altos funcionarios, la prohibición de la condonación de impuestos, la corrupción, el robo de combustible, las reformas laborales en cuanto a la libertad sindical y la Ley de Austeridad Republicana, para regular el gasto excesivo en las dependencias estatales.

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La divisoria de aguas que marcaron estas iniciativas alcanzó también al mundo académico. (Télam)