En los argumentos, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 32 determina la atribución del Congreso de ejercer “la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno”.

Según expresó, esta facultad de control “no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político”.

En la apelación, la comisión sostuvo que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político”.

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresaron en el escrito los bloques opositores.

Para Ferraro, “la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial”.

Además, señaló que las personas citadas tienen la obligación de “comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público”.

Por último, el diputado de la Coalición Cívica dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema “para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo”.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, concluyó. NA

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