A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió retirar el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso. La decisión se tomó luego de detectar que el texto no contemplaba la edad que había sido consensuada con la oposición en ambas cámaras, por lo que el oficialismo resolvió redactar una nueva iniciativa basada en la que se había tratado en 2024, incorporando las reformulaciones acordadas.

El proyecto original establecía la edad de punibilidad en 13 años, pero finalmente se respetará el consenso alcanzado con distintos bloques legislativos, que fija la baja desde los 16 hasta los 14 años. Desde La Libertad Avanza explicaron que se trató de una desinteligencia administrativa y confirmaron que el nuevo texto será enviado en las próximas horas.

“Hubo una desinteligencia. Se retiró el proyecto y se va a mandar con la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

Para avanzar con el dictamen, La Libertad Avanza deberá completar primero la constitución de las comisiones clave. Este martes a las 10 se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores, mientras que a las 11 se hará lo propio con la Comisión de Justicia, que quedará a cargo del mendocino Álvaro Martínez.

La reunión conjunta de comisiones está prevista para el miércoles a las 11 e incluirá, además de Familias y Justicia, a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados fue convocada para el jueves cerca del mediodía.

El nuevo proyecto incorporará otro cambio solicitado por la oposición: la explicitación del origen de los fondos necesarios para implementar la normativa, estimados en $23.739.155.303,08. Las partidas estarán destinadas al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación. Además, se habilita la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos específicos destinados a la construcción de nuevas instalaciones.

Este punto fue negociado entre el Ejecutivo y el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, presidido por Gabriel Bornoroni, quien impulsó internamente la necesidad de acelerar el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años. Aunque algunos sectores del oficialismo planteaban bajarla a 13, aliados como el PRO y la UCR ya habían fijado su posición en 14 años.

El régimen penal juvenil propuesto mantiene el espíritu del texto tratado el año pasado, con penas diferenciadas del sistema penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua. El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro, reduciendo el tope de 20 años que figuraba en la iniciativa anterior.

El enfoque de la propuesta busca responder a las preocupaciones sociales vinculadas a la inseguridad y evitar el uso de menores como instrumentos para el delito, teniendo en cuenta que actualmente los menores de 16 años son inimputables. El texto prioriza medidas de resocialización y contempla que, para menores de hasta 15 años imputados por delitos graves, los jueces puedan disponer privaciones de libertad, siempre con eje en la reinserción social.

Para delitos menores, se prevén sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño, evitando la institucionalización salvo como último recurso. Además, el proyecto impulsa la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, personal especializado y la prohibición de convivencia con adultos detenidos.

El texto también refuerza los derechos de los menores imputados durante el proceso judicial, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados en cada etapa, aspectos que ahora cuentan con previsión presupuestaria en la nueva estructura del proyecto.

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