Confirman el decomiso definitivo de 20 inmuebles de Cristina Kirchner y sus hijos
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la familia Kirchner y Lázaro Báez, dejando firme la ejecución patrimonial por el fraude en la obra pública.
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La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos extraordinarios presentados por la familia Kirchner y por Lázaro Báez. La medida busca suspender la ejecución patrimonial ordenada en el marco de la causa Vialidad, que tiene como objetivo recuperar 685.000 millones de pesos, cifra que representa el fraude cometido.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailA través de una resolución de 14 páginas, la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó de manera definitiva la ejecución de 111 bienes muebles e inmuebles. La mayoría de estas propiedades pertenecen a Lázaro Báez y, en segundo término, a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Con esta decisión, se le dio firmeza a la ejecución patrimonial que había resuelto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en noviembre del año pasado.
El monto total a cubrir es de 685.000 millones de pesos. A la fecha, la primera instancia de bienes a decomisar, solicitada por el fiscal general Diego Luciani y su par Sergio Mola, incluye 111 bienes: 80 están bajo la titularidad de Lázaro Báez, uno a título personal de Cristina Kirchner y 19 escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.
Si bien el voto de los jueces fue unánime respecto al patrimonio de la expresidenta, existió una disidencia del juez Borinsky sobre el avance en los bienes de los hijos de la exmandataria. No obstante, fuentes judiciales explicaron que, aunque la familia puede acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, dicho proceso no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de los bienes.
El fallo sostiene que la maniobra investigada involucró un esquema complejo con un resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña señalaron que los recursos presentados no demostraban una cuestión federal suficiente y que las impugnaciones solo reflejaban discrepancias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso.
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