La Justicia impuso una pena de seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para el fiscal de la UFI 1 de Pilar, Carlos Washington Palacios para desempeñar cargos públicos; cinco años de cárcel y el mismo plazo de inhabilitación para los letrados Esteban Mauricio Español y Tomás Ángel Pérez Bodria; y a César Emiliano Jaunarena a la pena de cuatro años de prisión.

Según determinaron el juez Hernán Archelli y el fiscal Matías López Vidal, entre 2014 y marzo de 2015, “se desarrolló una maniobra coordinada destinada a socavar la validez de la actuación fiscal y policial para favorecer la situación procesal” del prefecto Alcides Gorgonio Díaz, sentenciado a 13 años de cárcel, resolución ratificada por Casación.

De acuerdo al fallo que accedió NA, esa situación consistió en radicar una denuncia para favorecer al culpable con el fin de producir prueba falsa, “la cual intentó ser incorporada al juicio oral contra Díaz”.

El magistrado interviniente acreditó que Palacios “desvió deliberadamente la investigación de su objeto legítimo -las supuestas amenazas- hacia la desacreditación de las actuaciones policial/fiscal del caso Díaz”, por lo que, en vez de “tomar medidas básicas para identificar” los supuestos amedrentamientos, se dedicó a direccionar la etapa de instrucción para contrarrestar la imputación contra el prefecto.

Los abogados

“Pérez Bodria y Español asesoraron e instruyeron a Jaunarena para que declarara falsamente. Jaunarena, por su parte, prestó declaraciones falsas ante la Fiscalía de Pilar y ante el Tribunal en lo Criminal 7, afirmando que se había secuestrado más dinero del consignado en el acta y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio allanado”, agrega el fallo de Archelli.

Washington Palacios fue destituido en 2019 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires a razón de su accionar en la investigación contra Díaz.

Para dictaminar el veredicto condenatorio, el titular del Juzgado 6 se basó en la carencia de atenuantes y en los agravantes “la gravedad institucional de los hechos y la erosión al sistema de administración de justicia; el entrecruzamiento de vínculos ilícitos; la participación de más de tres personas; la instrumentalización de una persona en situación de vulnerabilidad y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios”.  NA

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