El Gobierno argentino recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera en Malvinas

El Gobierno nacional presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) una solicitud de medidas provisionales con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto denominado Sea Lion.

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Según lo informado por la Oficina del Presidente, la medida busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el gobierno británico agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

El canciller argentino, Pablo Quirno, explicó a través de su cuenta de X los alcances de la presentación judicial:

se solicitó al Tribunal que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas por parte del denominado proyecto Sea Lion y se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de Argentina.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, respondió a la iniciativa argentina mediante la misma red social:

Los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca. Hoy hemos anunciado nuevas medidas, en virtud de la legislación de Protección de Intereses Comerciales, para garantizar la protección de las personas y las empresas frente a las amenazas argentinas.

El rol del Tribunal del Mar

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) en 1982. Según el artículo 290 de dicha normativa, el organismo puede ordenar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes o impedir daños graves al medio marino.

Ana Victoria Villanueva, directora de la Cátedra abierta del Derecho del Mar en la Universidad FASTA, señaló que el primer paso del tribunal será determinar si es competente para tratar la cuestión de fondo. En tanto, Leopoldo Godio, magíster en Relaciones Internacionales por la UBA, planteó tres escenarios posibles: que el tribunal ordene frenar las perforaciones, que adopte una solución intermedia —como el intercambio de información o monitoreo ambiental— o que el caso continúe su curso arbitral.

El proceso, que incluye audiencias orales para ambas partes, tiene un plazo máximo de resolución de un mes, según el reglamento del órgano judicial.

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