El Gobierno calificó de opositora a la marcha universitaria y negó deudas presupuestarias
A través de un comunicado de La Libertad Avanza, la gestión nacional desmintió el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal.
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El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailA través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".
Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.
Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.
Financiamiento y equilibrio fiscal
Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.
Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".