El Gobierno formalizó el ingreso del proyecto minero Vicuña al RIGI tras aprobar su expansión eléctrica

El Gobierno oficializó la adhesión de la minera Vicuña Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la aprobación de la obra eléctrica mediante la Resolución 1154/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía, se concretó luego de que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) avalara el plan de expansión eléctrica de la firma, rechazando todas las impugnaciones presentadas.

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El proyecto Vicuña representa una de las apuestas productivas más importantes del país, con una inversión total de 9.737 millones de dólares. De ese monto, 9.024 millones corresponden a inversiones en activos computables que se ejecutarán en dos etapas hasta diciembre de 2031. El objetivo central es la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, situados en la provincia de San Juan.

El emprendimiento ha sido calificado como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Según fuentes gubernamentales, la iniciativa busca “posicionar a la República Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales de cobre y doré”. Asimismo, desde el Gobierno destacaron que el proyecto “marca un antes y un después en la industria minera argentina” y estimaron que generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares al año, además de crear 31.700 empleos directos e indirectos.

El plan de inversión abarca operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, sistemas de suministro de agua, infraestructura eléctrica, caminos de acceso y alojamientos para los trabajadores. Al ingresar al RIGI, la empresa accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, incluyendo la libre disponibilidad de cobros de exportaciones y franquicias especiales para la importación de bienes y servicios.

La resolución establece que la empresa deberá acreditar una inversión de al menos el 20 por ciento del monto mínimo durante los primeros dos años, fijando el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para cumplir con el compromiso de inversión en activos computables.

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