El Gobierno habilita la privatización de AySA y los cortes por falta de pago
A través de un DNU, el Ejecutivo avanza con la venta de acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., permite la entrada de capital privado y autoriza la interrupción del servicio ante morosidad. La medida se enmarca en una reforma integral del sector.
El Gobierno nacional formalizó este martes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, que introduce una serie de modificaciones clave al régimen regulatorio del sector.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEntre los cambios más significativos se encuentra la autorización para que el Estado pueda vender parcial o totalmente su participación accionaria en la empresa, algo que hasta ahora estaba prohibido. El artículo 2° del Decreto N° 304/06, que establecía la intransferibilidad del 90% de las acciones estatales de AySA, fue modificado para permitir su enajenación.
Con esta decisión, la compañía estatal queda habilitada a recibir capital privado, abriendo la puerta a su privatización total o parcial.
El nuevo marco normativo también incorpora atribuciones adicionales para la empresa concesionaria, entre ellas la posibilidad de interrumpir el suministro de agua a usuarios morosos. Hasta ahora, la prestación del servicio no podía ser suspendida, por tratarse de un bien esencial. A partir del DNU, AySA podrá realizar cortes en caso de falta de pago, lo que representa un giro sustancial en la política pública del sector.
Otras facultades otorgadas incluyen la posibilidad de auditar técnicamente obras en el área regulada y de usar los fondos del contrato de concesión como garantía para acceder a financiamiento.
Desde el Poder Ejecutivo se justificó la medida señalando que el actual esquema de gestión estatal “no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura del servicio”, y que la reforma responde a “una profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación”.
Además, el Gobierno argumentó que el deterioro operativo y financiero de AySA hace necesario un cambio estructural para responder a las crecientes demandas de cobertura, calidad y sostenibilidad.