El Gobierno implementará por decreto la extinción de dominio

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario señaló que el objetivo de la medida es que “la justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación” de bienes adquiridos como consecuencia de actividades delictivas y tendrá retroactividad de 20 años, con lo cual la extinción de dominio se podrá aplicar desde hechos cometidos en 1999 hacia adelante, indicaron voceros oficiales.

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Esto último será posible debido a que el Decreto de Necesidad y Urgencia, que aún no había sido difundido, avanzará sobre “materia civil”, mientras se desarrolla el proceso penal contra aquella persona procesada por delitos de corrupción, detalló el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien acompañó a Macri durante el anuncio.

“Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado”, remarcó Macri sobre las idas y vueltas que tuvieron los proyectos que el oficialismo impulsó en la materia durante los últimos años.

El Presidente señaló que con el dinero recuperado se podrá utilizar para construir “escuelas, cloacas”, y también “subastar” los “campos, casas, barcos, autos y obras de arte” provenientes de estos delitos.

“En Argentina, el que las hace las paga”, enfatizó el mandatario nacional, en un breve anuncio en el que insistió en que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron”.

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“Enteramente civil”

 

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Por su parte, Garavano aclaró que este DNU se diferencia de proyectos de extinción de dominio presentados antes, como el que se trató en el Senado, ya que “es enteramente civil” y que se creará una “Procuraduría Civil” para impulsar los procesos en esta materia.

“La impugnación que se podría plantear (contra el DNU) es si se avanza sobre la materia penal, pero este proyecto avanza en lo civil ya que el Poder Ejecutivo está autorizado y fue muy cuidadoso de no hacerlo en lo penal”, precisó en declaraciones a la prensa tras el anuncio.

Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó que el DNU permite que un juez civil “determine que esos bienes no los puede tener” un delincuente, independientemente de los procesos penales.

“Todos los DNU entran al Congreso. No creemos que haya un solo diputado o senador que estén en contra de sacarle los bienes a quienes les roban a la gente”, subrayó Bullrich, luego de que fracasaran los intentos de aprobar el tema en el parlamento.

Según la ley, una vez dictado y publicado en el Boletín Oficial, el DNU presidencial ya tiene plena vigencia, salvo que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso, mientras que antes la comisión bicameral de Trámite Legislativo debe pronunciarse pero no sobre el contenido sino sobre la validez del DNU.

La extinción de dominio significa que una persona con activos obtenidos por medio de un delito deja de ser el dueño de los bienes que ha robado al Estado.

De acuerdo a cálculos oficiales, existen unos 20 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

La normativa penal vigente permite embargar, secuestrar y decomisar bienes mal habidos pero los corruptos siguen siendo sus dueños y al Estado se le complica poder hacer algo con ellos.

Según el proyecto que se había tratado en Diputados, solo con una imputación cualquier fiscal puede pedirle a un juez civil que dicte la extinción de dominio, que puede resolverse sin que haya sentencia penal, es decir con la sola sospecha de que una persona le robó al Estado.

En cambio, el proyecto del PJ aprobado por el Senado establece como condición para habilitar la extinción de dominio que haya una condena penal confirmada al menos en segunda instancia.

 

 

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Para dirigentes opositores, el

DNU resulta “inconstitucional”

 

El Decreto de Necesidad y Urgencia de extinción de dominio que anunció el presidente Mauricio Macri despertó las críticas de la oposición, que lo tildó de “inconstitucional” y “humo electoral”.

El titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, indicó que la medida es “humo electoral”, y que “no sirve para castigar la corrupción”.

“Es inconstitucional y una distracción más simulando responder a una demanda de la sociedad”, destacó el santafesino, que agregó que “en el día en que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, Macri intenta tapar una nueva mala noticia con humo electoral”.

El dirigente kirchnerista, que se postula como candidato presidencial, también aludió en duros términos contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, al señalar que se compromete a poner al frente de ese organismo, en caso de ser ungido en la Nación, “a un representante de la oposición y no a una fanática oficialista”.

“Luchar contra la corrupción es impedir robar y castigar al que robó, y fundamentalmente es gobernar cuidando a la mayoría en lugar de favorecer los negocios de unos pocos de arriba contra todos los demás”, agregó.

La bancada kirchnerista encabezada por Rossi difundió su propio comunicado en el cual expresó su repudio a un decreto que define como “un mamarracho” “inconstitucional”, que responde “más a un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal”.

En tanto, la legisladora porteña del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman apeló a la ironía y la chicana en Twitter al escribir: “Una vez aprobado el decreto, la justicia citaría a la familia Macri para que justifique cómo se enriqueció en la dictadura”.

 

Respaldo oficialista

 

“Aplausos para el presidente Mauricio Macri, por la extinción de dominio”, tuiteó la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, utilizando el hashtag #RecuperarLoRobado.

Al respecto, la Coalición Cívica, el partido oficialista liderado por Carrió, emitió un comunicado para celebrar la decisión, al sostener que pondrá en manos del Estado una “herramienta fundamental” para “recuperar lo que robaron y hoy falta en infraestructura, escuelas y vivienda”.

La nota, firmada por el presidente de la CC, Maximiliano Ferrero, y la titular del Congreso Federal partidario, Maricel Etchecoin, afirmó que “la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es una bandera innegociable de la CC y este decreto es un paso enorme para cuidar al Estado y evitar que vuelva a saquearse el dinero de todos los argentinos”.

“A partir de este decreto podremos tener más escuelas, más rutas, más insumos para los hospitales y, también, seguir invirtiendo en infraestructura, un área en la que se avanzó poco en las últimas décadas, pese al gran presupuesto que tuvo asignado”, concluyeron.

Por su parte, el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, destacó la iniciativa de Macri como una medida necesaria para “avanzar con premura en un cambio de paradigma” en lo que refiere a la lucha contra la corrupción.

“Ojalá podamos dar una vuelta de página para que los bienes que hoy están en manos de los delincuentes puedan volcarse a políticas sociales”, enfatizó.

El también jefe de la bancada radical recordó que en 2016 la Cámara baja aprobó un proyecto ley de extinción de dominio que quedó cajoneado dos años, y recién en 2018 el Senado sancionó una iniciativa pero con cambios sustanciales respecto del texto original.

“La decisión del Gobierno es volver a la primera sanción que dimos en Diputados. El DNU viene a agilizar el proceso ya que la oposición -el kirchnerismo y otras bancadas peronistas- no estaban dispuestas a avanzar o preferían darle fuerza de ley a la media sanción del Senado que es totalmente insatisfactoria”, consideró.

Y explicó que en el ordenamiento jurídico argentino “los DNU tienen fuerza de ley”, por lo que “el decreto del Presidente sobre Extinción de Dominio deberá por lo tanto pasar por la comisión bicameral correspondiente y luego ser puesto a consideración de las dos cámaras”. NA