Las Universidades y el Gobierno quedaron cerca de acordar una suba salarial
La propuesta oficial contempla un aumento del 24,33% en dos tramos, una mejora en las becas Manuel Belgrano y fondos adicionales para hospitales universitarios. Los gremios docentes definirán esta semana si aceptan la oferta.
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El Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas quedaron a un paso de alcanzar un acuerdo salarial que podría descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. La propuesta oficial incluye un incremento del 24,33% para los docentes universitarios, distribuido en dos etapas, y deberá ser analizada y aprobada por los gremios del sector.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún trascendió, la administración nacional ofreció una suba inmediata del 21,33% y un incremento adicional del 3% para septiembre. Además, el entendimiento contempla otros compromisos presupuestarios, entre ellos un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, y una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios.
La propuesta fue recibida favorablemente por los rectores durante una reunión informal mantenida con representantes de la Casa Rosada. Sin embargo, la definición final dependerá de la postura que adopten organizaciones gremiales como Conadu y Conadu Histórica, que hasta el momento mantienen convocado un paro nacional de actividades entre el 16 y el 20 de junio.
Fuentes gremiales consultadas indicaron que los docentes de todo el país ya cuentan con la oferta oficial y que durante los próximos días se realizarán asambleas y consultas para fijar una posición conjunta. La respuesta definitiva se conocería este miércoles.
Si bien el aumento propuesto es considerado significativo, desde los sindicatos remarcan que aún se encuentra lejos de compensar la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Milei. Según sostienen, el deterioro del poder adquisitivo alcanzaría aproximadamente los 45 puntos porcentuales.
Uno de los objetivos que buscaba el Gobierno durante las negociaciones era que las universidades retiraran la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario, aunque finalmente no logró ese compromiso.
La norma, aprobada por el Congreso, nunca fue aplicada por el Poder Ejecutivo, que argumenta que el texto no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.
Por su parte, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley. La causa obtuvo una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.
De confirmarse el acuerdo salarial en las próximas horas, el conflicto universitario podría ingresar en una etapa de distensión, aunque seguirán abiertas las discusiones sobre el financiamiento estructural del sistema de educación superior.
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