El Gobierno oficializó un nuevo protocolo para la detección de trata de personas en aeropuertos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, implementó un nuevo protocolo destinado a la detección de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país. La normativa, que reemplaza a la vigente desde 2018, establece nuevas pautas de actuación obligatorias para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El documento define al delito de trata como una grave violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. Según se informó, la Policía de Seguridad Aeroportuaria será la autoridad superior encargada de trazar los procedimientos necesarios para identificar o descartar hipótesis de este tipo de crímenes.

Sobre la evolución del delito, las autoridades señalaron que este “se ha transformado en sus dinámicas, modalidades y escalas, conformándose de manera creciente como un delito complejo y organizado, de carácter intra e internacional”.

Asimismo, el dictamen destaca la importancia estratégica de las terminales aéreas en el contexto actual: “El ámbito aeroportuario se ha ido consolidando en los últimos años como un espacio neurálgico para la movilidad humana y, asimismo, por la transnacionalización cada vez mayor de los delitos, en un ámbito de intervención clave para la conjuración de los mismos y el rescate de sus víctimas”.

Ante este escenario, el texto oficial subraya la “necesidad de actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación”. En este marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprobó el Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario e instruyó al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que designe oficiales referentes en la materia.

Cabe destacar que la resolución es de aplicación obligatoria para todo el personal de la fuerza y posee carácter reservado. Esta decisión responde a que la difusión de los detalles operativos podría comprometer la eficacia de las investigaciones en curso y poner en riesgo la seguridad pública. Con esta actualización, queda sin efecto lo establecido en la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N°635/2018.

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