El Gobierno planea deportar a extranjeros que rindieron examen de residencias sin informar a Migraciones
Un total de 109 personas involucradas habrían declarado, al ingresar al país, que lo hacían en calidad de turistas.
Según trascendió a través de fuentes oficiales, el Gobierno Nacional evalúa deportar a un total de 109 ciudadanos extranjeros que se presentaron a rendir el examen para ingresar al sistema de residencias médicas sin haber informado su situación a la Dirección Nacional de Migraciones.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl número de personas involucradas habrían declarado, al ingresar al país, que lo hacían en calidad de turistas. Pero, con el correr del tiempo, no notificaron su participación en la evaluación ni iniciaron los trámites correspondientes para modificar su estatus migratorio.
En este marco, las autoridades analizan la posible expulsión de estos profesionales al considerar que incumplieron las normativas vigentes y falsificaron la información brindada en frontera.
El caso generó malestar en el ámbito oficial, ya que el examen de residencias es el mecanismo de selección para ingresar a programas de formación en los hospitales públicos de todo el país. El proceso se encuentra regulado por requisitos legales y administrativos que incluyen, en el caso de los postulantes extranjeros, contar con la documentación y permisos migratorios correspondientes.
Desde el Gobierno Nacional señalaron que la omisión en la declaración migratoria constituye una infracción grave. Al mismo tiempo, advirtieron que el incumplimiento puede derivar en sanciones que incluyan la prohibición de reingreso al país por un período determinado, además de la deportación inmediata.
En paralelo, las autoridades del Ministerio de Salud se mantienen en comunicación directa con la Dirección Nacional de Migraciones para coordinar las medidas que correspondan en función de cada situación particular. El Gobierno anticipó que cualquier resolución se tomará en base al marco legal vigente y a las facultades de Migraciones para garantizar el cumplimiento de las leyes.
Por otro lado, la situación generó tensión en el ámbito sanitario y migratorio ya que involucra el acceso a un sistema de formación que se financia con recursos públicos y está destinado tanto a médicos argentinos como a extranjeros que cumplan con las normativas de residencia y habilitación profesional.