Este lunes, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Además, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. 

La medida quedó establecida en el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).

El Gobierno Nacional recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el pasado 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

En lo formal, aunque aún no ejecutable, la ley dispone:

— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).
— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.
— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.
— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).
— Fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.

El Gobierno refuerza ANDIS desde octubre

En este marco, el Gobierno también dispuso una readecuación de partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desde el 1° de octubre. El objetivo será actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).

Según la Decisión Administrativa 24/2025, el Jefe de Gabinete incrementa los créditos de la Andis y los compensa con una baja en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, para atender “a partir del 1/10” el reclamo de actualización de los prestadores. La medida no pone en marcha los beneficios nuevos creados por la 27.793.

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