El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto por el financiamiento universitario y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de no cumplir, por ahora, con la ley que ordena actualizar salarios docentes y programas de becas.

Además, la administración de Javier Milei solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en el caso, al considerar que su condición de docentes universitarios —en funciones o con licencia— los coloca en una situación de posible conflicto de intereses.

La presentación judicial fue firmada por representantes del Ministerio de Capital Humano y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y busca que el máximo tribunal revoque de manera urgente la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar los aumentos previstos en la Ley 27.795.

Advertencias por el impacto económico

En el escrito, el Poder Ejecutivo sostuvo que cumplir con la norma implicaría un “colapso financiero del Estado” y una “violación del orden presupuestario”. Según detalló, sería necesario reasignar el 90,30% del total de los créditos disponibles para gastos primarios exclusivamente al financiamiento universitario.

De acuerdo con esa proyección oficial, esa decisión provocaría consecuencias extremas como la paralización de funciones básicas del Estado: desde la suspensión de patrullajes de fuerzas federales hasta el cierre de juzgados, la propia Corte Suprema y el Congreso, además de afectar servicios esenciales como la provisión de alimentos en cárceles.

El Gobierno también defendió el Decreto 759/2025, firmado por Milei para suspender la aplicación de la ley, al señalar que responde al principio de que toda norma que implique gastos debe contar con financiamiento previsto. En ese sentido, remarcó que la reciente Ley de Presupuesto 2026 exige equilibrio o superávit fiscal.

Cuestionamientos a la Justicia

Otro de los ejes del planteo oficial apunta contra los fallos judiciales que ordenaron aplicar la ley. El Ejecutivo consideró que las decisiones de primera instancia y de Cámara constituyen una “gravísima violación del principio de división de poderes” y una “intromisión ilegítima” en competencias propias del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Asimismo, denunció una supuesta parcialidad de los magistrados intervinientes, al sostener que varios de ellos mantienen vínculos con universidades públicas.

Un conflicto con antecedentes judiciales

El conflicto se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional y rectores de distintas casas de estudio presentaron un amparo contra el Estado para declarar inconstitucional el decreto que suspendía la ley de financiamiento.

El 23 de diciembre, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar y ordenó aplicar de inmediato las actualizaciones salariales y de becas. Días después, el Estado apeló.

Finalmente, el 31 de marzo de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo y ratificó la obligación del Gobierno de cumplir con la ley.

Frente a ese escenario, y ante el impacto fiscal que sostiene que tendría la medida, el Ejecutivo decidió acudir a la Corte Suprema en un intento por frenar su aplicación y reabrir la discusión sobre el financiamiento del sistema universitario.

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