El Senado aprobó por unanimidad una nueva Ley de Discapacidad que garantiza prestaciones y pensiones
La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes y establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad. Mantiene los principales beneficios de la ley de emergencia que vence en diciembre, incorpora mecanismos de financiamiento y fija nuevas condiciones para las auditorías.
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El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas para las personas con discapacidad más allá del vencimiento de la emergencia vigente.
La propuesta obtuvo 71 votos afirmativos, con el acompañamiento de todos los legisladores presentes, en una sesión que comenzó pasadas las 11 y que incluyó el tratamiento de otras iniciativas legislativas.
La sanción representa un cambio de posición del oficialismo, que el año pasado había rechazado la Ley de Emergencia en Discapacidad y respaldado el veto presidencial. En esta oportunidad, el Gobierno acompañó una propuesta que conserva prácticamente todos los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente.
El acuerdo legislativo se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, prestadores, profesionales y familiares de personas con discapacidad, que advirtieron sobre las dificultades para sostener tratamientos y servicios esenciales.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
Uno de los puntos centrales de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo.
Además, establece que el cobro de estas pensiones será compatible con un empleo formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La disposición alcanza a titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y busca facilitar su incorporación al mercado laboral sin que eso implique automáticamente la pérdida de la asistencia económica.
La ley también conserva el sistema de nomenclador único de prestaciones y establece actualizaciones automáticas y periódicas de los aranceles, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.
Asimismo, garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud para quienes perciban pensiones por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior, con el objetivo de sostener las prestaciones y evitar una pérdida de recursos frente a la inflación.
Auditorías y regularización de deudas
La nueva legislación contempla un esquema de auditorías periódicas para verificar las condiciones de acceso y permanencia en los beneficios.
Para ello, establece mecanismos de intercambio de información entre Anses, Arca, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social y el Registro Nacional de las Personas.
Los procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo, que contempla las condiciones particulares de las personas con discapacidad durante las instancias de evaluación y control.
Otro aspecto relevante es la incorporación de una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, uno de los sectores que venía reclamando por las demoras en los pagos y el desfasaje de los aranceles.
Finalmente, la norma fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo avance con su reglamentación.
El debate entre oficialismo y oposición
Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la necesidad de reemplazar el sistema de emergencia por uno de carácter permanente.
"La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo", sostuvo.
Desde la oposición, la senadora peronista Alicia Kirchner reconoció el avance legislativo, aunque advirtió que todavía quedan problemas pendientes de resolución.
"Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida", expresó, y agregó: "Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva".
En la misma línea, Lucía Corpacci vinculó la aprobación con las movilizaciones de los colectivos de discapacidad y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
"Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", manifestó.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad destacó la importancia de garantizar políticas sostenidas en el tiempo.
"Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos", señaló.
La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la iniciativa como "un acuerdo social y un acuerdo político" y sostuvo que permitirá superar las dificultades derivadas de las sucesivas prórrogas de la emergencia.
"Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa", afirmó.
Bullrich también remarcó que, a diferencia del esquema anterior, la nueva legislación contempla mecanismos específicos para determinar de dónde saldrán los recursos destinados a financiar las prestaciones.
Una ley que busca dar previsibilidad al sistema
La sanción llega cuando resta poco más de un mes para el vencimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, previsto para el 31 de diciembre de 2026.
El nuevo marco legal apunta a evitar que la continuidad de los beneficios dependa de sucesivas declaraciones de emergencia y establece obligaciones permanentes para el Estado.
Sin embargo, durante el debate distintos legisladores señalaron que la aplicación efectiva de la norma dependerá de su reglamentación, la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los compromisos de pago.
Con la aprobación definitiva del Senado, el Congreso cerró una etapa de discusión marcada por las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones del sector, y abrió otra centrada en la implementación del nuevo sistema de prestaciones y protección para las personas con discapacidad.
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