La Corte Suprema frenó los aumentos libres de las prepagas y restableció el control estatal
El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La decisión obliga a recuperar la intervención estatal en la autorización de los incrementos y podría repercutir en cientos de causas judiciales.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La resolución representa un cambio en el régimen de actualización de los planes de salud y restablece la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la fiscalización y autorización de los incrementos.
El fallo, conocido este jueves 19 de noviembre, fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre disposiciones del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
La decisión alcanza específicamente a los artículos 267 y 269, mediante los cuales el Gobierno había modificado la Ley 26.682, que regula la actividad de las empresas de medicina prepaga, y eliminado las atribuciones estatales para intervenir en la determinación de los valores de las cuotas.
De esta manera, el máximo tribunal confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había cuestionado la constitucionalidad de la desregulación del sector.
El caso que llegó a la Corte Suprema
El expediente se originó a partir de la presentación judicial de una afiliada de Swiss Medical, quien denunció que el valor de su cobertura médica había registrado un incremento del 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La mujer cuestionó los aumentos aplicados por la empresa luego de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 y solicitó que se restituyera la intervención de la autoridad estatal para controlar las actualizaciones de las cuotas.
En su planteo, sostuvo que, si se hubiera mantenido el régimen anterior, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26 por ciento, una cifra considerablemente inferior a los ajustes que comenzaron a implementar las compañías luego de la desregulación.
La causa llegó a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, cuyos integrantes declararon inconstitucionales los artículos cuestionados al considerar que el Poder Ejecutivo no había acreditado las circunstancias excepcionales necesarias para modificar una ley mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Los magistrados señalaron que las referencias generales a la crisis económica no resultaban suficientes para justificar la utilización de una herramienta extraordinaria en reemplazo del procedimiento legislativo previsto por la Constitución Nacional.
Además, destacaron la función social que cumplen las empresas de medicina prepaga y la necesidad de garantizar la protección de los derechos de quienes contratan sus servicios.
Qué cambia para las empresas de medicina prepaga
Con la resolución de la Corte Suprema, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera las facultades de fiscalización y autorización de los aumentos, de acuerdo con el régimen establecido por la Ley 26.682.
Esto implica que los incrementos de las cuotas deben quedar sujetos a la intervención de la autoridad de aplicación, en lugar de depender exclusivamente de las decisiones comerciales de las empresas.
En el caso particular que dio origen al expediente, Swiss Medical deberá someter a consideración de la Superintendencia los aumentos que pretenda aplicar a la afiliada demandante.
Sin embargo, el máximo tribunal también introdujo una modificación respecto de lo dispuesto por la Cámara: dejó sin efecto la obligación de limitar los incrementos al porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo tanto, el fallo no establece un porcentaje máximo automático para las actualizaciones, sino que recupera el mecanismo de intervención estatal para analizar y autorizar los aumentos.
Una decisión que podría impactar en cientos de reclamos
El pronunciamiento adquiere especial relevancia por la cantidad de acciones judiciales iniciadas contra los aumentos de las empresas de medicina prepaga desde fines de 2023.
Se estima que unas 500 causas similares permanecen pendientes de resolución, por lo que el criterio adoptado por la Corte podría convertirse en una referencia para otros tribunales que deban analizar planteos vinculados con la desregulación de las cuotas.
No obstante, la sentencia fue dictada en el marco de un expediente individual y no implica, por sí sola, una devolución automática de los importes abonados por todos los afiliados durante los últimos años.
El máximo tribunal también dejó en claro que su decisión se circunscribe a las disposiciones del DNU relacionadas con el control de los precios de las prepagas, sin extender el pronunciamiento al resto de las modificaciones introducidas por el decreto.
De esta forma, la Corte Suprema fijó un criterio judicial sobre los límites constitucionales de la desregulación de la medicina prepaga, en un sector que tiene una incidencia directa sobre los gastos mensuales de miles de familias argentinas.
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