En una sesión marcada por la paridad de fuerzas, el Senado debate este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que divide posiciones tanto en el plano político como social.

Desde San Juan, uno de los principales distritos mineros del país, el presidente de la Cámara Minera provincial, Iván Grgic, sostuvo que la iniciativa no apunta a flexibilizar controles sino a “aportar claridad” a la normativa vigente.

“El objetivo es el mismo de la ley actual: proteger mejor los cuerpos”, afirmó en diálogo con un reconocido medio nacional. Según explicó, el eje de la controversia está en una cuestión terminológica. “Hablar de ‘zonas’ genera confusiones o incertidumbres, porque puede incluir sectores que no tienen un aporte hídrico estratégico. Lo que se propone es trabajar sobre el concepto de ‘geoforma’, que permite identificar con mayor precisión qué debe preservarse”, detalló.

Grgic rechazó que la modificación implique una reducción de estándares ambientales y la definió como una “ley aclaratoria”. “No se trata de desproteger el ambiente, sino de protegerlo mejor, con base técnica”, remarcó.

El rol de las provincias y el debate técnico

Otro de los puntos en discusión es la ampliación de facultades para que las provincias tengan mayor intervención en el control y aplicación de la norma. Ante las advertencias de sectores ambientalistas sobre posibles decisiones con sesgo político, el dirigente fue enfático: “Me preocupa que no se entienda que en las provincias estos temas no se manejan de modo político, se manejan con personal técnico”.

En ese sentido, destacó que San Juan cuenta con legislación ambiental previa a la ley nacional y con tres institutos universitarios especializados en glaciología, con más de dos décadas de trayectoria y reconocimiento internacional.

Según sostuvo, esos equipos pueden complementar el trabajo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con relevamientos “in situ”, más detallados que los inventarios satelitales. “Es necesario que las provincias intervengan porque están al lado de los territorios”, subrayó.

Impacto económico y cuidado del agua

Grgic también vinculó la discusión con el impacto económico de la minería en la provincia. Indicó que la actividad supera los 5.000 empleos directos en San Juan y que ese número se multiplica mediante contratistas y subcontratistas, especialmente en etapas de construcción de proyectos como Josemaría, Los Azules y El Pachón. “No es un esquema de derrame, es un trabajo en red”, afirmó.

Frente a cuestionamientos de organizaciones sociales y referentes de la Iglesia, aseguró compartir la preocupación por el cuidado del recurso hídrico. “Hay que cuidar el agua gota a gota”, sostuvo, y agregó que las compañías internacionales que operan en el país aplican los mismos estándares que en Canadá, Australia o Estados Unidos.

“Estamos todos en la misma trinchera con la misma lucha por proteger el agua”, concluyó, al tiempo que vinculó el debate no solo con la minería, sino también con otras actividades productivas de la provincia, como la industria del pistacho, que dependen de la disponibilidad y calidad del recurso.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini