El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó la exigencia de presentar habilitaciones municipales y provinciales como requisito en diversos trámites administrativos. La medida tiene como objetivo principal simplificar procesos y reducir cargas burocráticas para el sector productivo nacional.

La disposición, establecida mediante la Resolución 233/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, implica la modificación y derogación de múltiples normas vigentes. Hasta el momento, estas normativas requerían acreditar permisos locales para la habilitación de establecimientos, registros o certificaciones vinculadas a actividades agropecuarias, sanitarias y comerciales.

Entre los cambios más relevantes, se suprimen requisitos de habilitación local en trámites vinculados al diagnóstico de anemia infecciosa equina, certificaciones sanitarias en establecimientos porcinos y tratamientos fitosanitarios de embalajes de madera. También alcanza a la habilitación de terminales de carga, establecimientos avícolas, predios feriales y registros de productos veterinarios.

Desregulación y competitividad

La decisión se enmarca en la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo nacional, especialmente a partir del DNU 70/2023 y normas complementarias. Estas medidas promueven la eliminación de regulaciones consideradas redundantes o que generen sobrecostos innecesarios en la actividad económica.

Según se fundamenta en la norma, la exigencia de habilitaciones municipales en trámites nacionales generaba una duplicación de requisitos y dificultades operativas. Esto se debía, en gran medida, a la diversidad de criterios existentes entre las distintas jurisdicciones locales del país. En ese sentido, se introducen modificaciones puntuales como la simplificación de requisitos para establecimientos porcinos, limitando la exigencia a la inscripción en el Renspa. 

Finalmente, el Senasa aclaró que la eliminación de estos requisitos documentales no exime a los operadores del cumplimiento de la normativa local vigente. Las condiciones de seguridad, salubridad y uso del suelo continúan siendo competencia de provincias y municipios, aunque ya no serán un impedimento para avanzar con las tramitaciones ante el organismo nacional.

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