Empresarios del transporte judicializan el Decreto 612 y ponen en jaque los fondos de Hugo Moyano

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (Catse) presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender la aplicación del Decreto 612/2026. La norma, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, ajustó los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, impactando directamente en la financiación de las cajas sindicales.

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El decreto fue consensuado entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras el dictado del Decreto 407, que había limitado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales. Según la presentación judicial, esta medida representa un incremento inmediato del 18,87% en el costo mensual por trabajador, una carga que los empresarios califican como insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector.

Impacto en el sector

La demanda, encabezada por el presidente de la entidad, Federico Lo Bruno, advierte que si la Justicia accede al pedido, se produciría un golpe directo a la estructura del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. El conflicto radica en la modificación de la base de cálculo para los aportes y contribuciones, al incluir las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual.

A modo de ejemplo, la cámara señala que para un chofer de primera categoría, la base de cálculo pasó de 1.060.010,29 pesos a 1.260.010,29 pesos. Esto implica un costo extra de 200.000 pesos por trabajador cada mes. Los empresarios sostienen que este aumento no deriva de una ley ni de acuerdos colectivos, sino de una decisión administrativa que vulnera la seguridad jurídica.

Cuestionamiento legal

El amparo también cuestiona la retroactividad de la norma, dado que el decreto fue dictado el 17 de julio pero publicado el 20. Por ello, solicitan que los pagos efectuados entre el 1 de junio y el 20 de julio sean considerados intangibles. Finalmente, la entidad argumenta que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades exclusivas del Congreso al alterar las bases de cálculo de las obligaciones laborales, configurando un posible exceso reglamentario.

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