Por su parte, el remisero autor de los cuadernos que dieron origen al caso, el arrepentido Oscar Centeno, hizo saber a través de su defensa oficial en la audiencia que se opone a que se les conceda a los empresarios la reparación integral del daño.

“Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él lamentablemente carece”, expresó el defensor oficial, Marcelo Sciegata.

La fiscal Fabiana León también se opuso a que se conceda a los empresarios el beneficio de la reparación y reclama que vayan a juicio porque lo otro es “impunidad”.

“En esta fiscalía no se vende impunidad” porque “no hay precio que se puede poner al daño institucional que se ha causado”, dijo, aunque aclaró que su opinión “es vinculante” y que no hay acuerdo con ella para lograr ese beneficio

La Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso también a la reparación económica.

Ofrecimientos

A lo largo de la audiencia virtual, que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Por su parte, la defensa del empresario imputado colaborador Enrique Pescarmona ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos,

Su abogado Marcelo Nardi explicó que la empresa de Pescarmona, Impsa, “no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia, sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“Dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”, dijo al ratificar lo que dijeron en sus declaraciones como arrepentidos.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación integran ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones por parte de Julio Paolini.

También ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti. NA

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El Eco de Tandil

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