En medio de los incendios de amplia magnitud ocurridos en la Patagonia y tras recibir múltiples cuestionamientos por el recorte presupuestario, el Gobierno nacional otorgó 120.000 millones de pesos en subsidios a bomberos voluntarios.

El Ministerio de Seguridad Nacional determinó que cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas en el país recibirá la suma de 94.924.971,75 de pesos. Estos fondos tendrán como destino la compra de equipamiento, materiales de protección y el mantenimiento de las unidades operativas.

El esquema de financiamiento contemplará también partidas específicas para las entidades de segundo grado.

Las federaciones provinciales recibirán dos transferencias de 7.754.639.995,93 de pesos cada una, repartidas proporcionalmente según su cantidad de afiliadas. Las mismas se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, representación y capacitación de sus integrantes.

La Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, define que los pagos se realizarán de manera trimestral a través del Banco de la Nación Argentina. La transferencia de los recursos estará sujeta a los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora y al cumplimiento de las obligaciones administrativas de cada institución.

La normativa también asigna fondos a las organizaciones de tercer grado y a la autoridad de aplicación. El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios percibirá 7.754.640.000 de pesos para la Academia Nacional de Capacitación y 2.584.880.000 de pesos para gastos operativos.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dispondrá de 2.584.880.009,64 de pesos para tareas de fiscalización, formación de instructores y adquisición de equipamiento regional.

Las entidades beneficiarias tendrán la obligación de identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos con estos fondos mediante placas o ploteos con la leyenda “Subsidio Nacional Ley N° 25.054”.

Para garantizar la transparencia, la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios supervisará que las inversiones se ajusten a los fines establecidos y suspenderá los pagos a aquellas instituciones que presenten anomalías en sus rendiciones de cuentas digitales.

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