Intendentes bonaerenses piden a diputados que no aprueben el presupuesto

Los intendentes peronistas bonaerenses reclamaron a los diputados que no apoyen el proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso por el Gobierno, al sostener que “no da respuestas” a las necesidades bonaerenses y le quita recursos por más de 57 mil millones de pesos a esa jurisdicción.

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En una carta dirigida a los legisladores, los jefes comunales pidieron que se opongan a la sanción y reclamaron que se incorpore en la ley un subsidio para compensar los aumentos de tarifas, una mejora a los jubilados y porque “sólo generará hambre y más pobreza”.

Los intendentes se opusieron a la ley porque “está elaborada por el FMI, contiene un aumento exponencial de la deuda pública” y porque establece “pérdida de recursos para los bonaerenses estimada en un monto no menor a los 57 mil millones de pesos”.

La carta que será enviada individualmente a cada diputado lleva la firma de los intendentes Veronica Magario, Francisco Durañona, Walter Festa, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Martín Insaurralde, Gustavo Menéndez, Ricardo Alessandro, Alberto Descalzo, Gabriel Katopodis, Fernando Gray y Mario Secco, entre los 36 jefes comunales que respaldaron el pedido.

Señalaron que la pérdida de recursos para la provincia se debe a la eliminación del Fondo Federal sojero, la transferencia de los subsidios al transporte y de las empresas distribuidoras de energía y el congelamiento del Fondo de Incentivo docente.

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Tras criticar la política económica del gobierno, los intendentes señalaron que a los municipios se les han transferido funciones en temas de seguridad, salud, medioambiente y que durante este año le quitaron recursos coparticipables por un monto de 17 mil millones de pesos.

“Nuestras economías locales se han visto perjudicadas por la disminución de recursos para sueldos que son destinados al pago de servicios públicos”, agregaron los jefes comunales en la carta pública dirigida a los legisladores nacionales.

Los intendentes reclamaron en la carta que la ley “contemple un subsidio a los efectos de retrotraer los valores de los servicios públicos que surja de cobrar impuestos a los bienes personales a los que accedieron al blanqueo de capitales”. (NA)

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