La causa por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA regresa al fuero federal de Campana
La Cámara Federal de Casación Penal determinó que la investigación por presunto lavado de activos debe continuar en el juzgado a cargo de Adrián González Charvay tras definir una cuestión de competencia.
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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos, que investiga si una casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares fue adquirida por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe abandonar el fuero en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires y retornar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Alejandro Slokar. El fallo se fundamentó en que la investigación por el presunto lavado de dinero vinculado a dicha propiedad y otros bienes de lujo corresponde a la Justicia Federal y no al fuero penal económico.
La resolución se firmó tras una audiencia en la cual los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, abogado de los supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte. La defensa había reclamado el retorno a la jurisdicción de Campana por una cuestión territorial, dado que el inmueble eje del supuesto delito se encuentra en esa zona.
Al respecto, el tribunal señaló en su fallo:
“La investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural y de una buena y pronta administración de justicia”.
El expediente deberá ser remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin dilaciones, lo envíe nuevamente al juzgado federal de Adrián González Charvay. Los jueces de Casación destacaron que el fuero penal económico posee una competencia especializada determinada por ley, la cual no incluye el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.
La investigación se inició en diciembre de 2025 a raíz de una denuncia contra Luciano Pantano y Ana Conte, dueños de la sociedad Real Central, por la posible falta de correspondencia entre el valor de los bienes adquiridos y sus perfiles fiscales. El fallo aclaró que lo resuelto no implica retrotraer la pesquisa ni invalidar lo actuado hasta el momento, sino garantizar que la causa avance bajo la competencia judicial correspondiente.