La Corte Suprema rechazó un nuevo planteo de los rugbiers condenados
El máximo tribunal desestimó una denuncia presentada por siete de los ocho condenados contra la fiscal y otros funcionarios judiciales por supuestas irregularidades durante la investigación.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. En esta oportunidad, el máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían diversas irregularidades cometidas durante las primeras horas del expediente.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados desestimaron el recurso tras considerar que el mismo carecía de fundamentación autónoma y que no lograba refutar de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada.
El planteo había sido promovido por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los siete condenados denunciaban que, durante las indagatorias realizadas poco después del asesinato, no se les habían informado correctamente los hechos imputados ni las pruebas reunidas en su contra. Asimismo, cuestionaron las circunstancias en las que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones, argumentando que no se respetaron las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.
El recorrido de la denuncia
Más allá de la estrategia defensiva en la causa principal, Hugo Tomei avanzó por una vía independiente al promover una denuncia penal por los supuestos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Entre los denunciados figuraban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.
La controversia se originó en febrero de 2020, cuando la defensa cuestionó inconsistencias en los horarios consignados en las actas. Según el letrado, los intervalos de tiempo resultaban insuficientes para cumplir con las formalidades legales. Si bien en febrero de 2022 la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados, la investigación no prosperó y fue desestimada por ausencia de dolo.
Posteriormente, ante el rechazo de diversas medidas de prueba, la defensa buscó la revisión del superior del fiscal y, finalmente, acudió ante el juez David Mancinelli, a quien recusó y le solicitó declarar la inconstitucionalidad del procedimiento. Tanto la recusación como el planteo fueron rechazados por el magistrado, decisión que luego fue confirmada por el Tribunal de Casación.
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