La Justicia argentina dio este miércoles 4 de febrero de 2026 un paso de alto impacto judicial y geopolítico en la causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de que sea trasladado a la Argentina para rendir declaración indagatoria.

La resolución se apoya en la premisa judicial de que el líder chavista “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. Frente a este escenario, los tribunales de Comodoro Py buscan garantizar su juzgamiento bajo el principio de jurisdicción universal vigente en el país.

El exhorto a Estados Unidos

En su resolución, el magistrado ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades estadounidenses para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, amparándose en el Tratado de Extradición entre la Argentina y los Estados Unidos, firmado el 10 de junio de 1997.

El objetivo central de la medida es someter a Maduro a proceso penal en la Argentina y avanzar con la declaración indagatoria, instancia procesal que había sido ordenada originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y ratificada el 15 de enero de 2026.

Para acelerar el trámite, Ramos dispuso la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación anexa, y ordenó que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La aplicación del principio de justicia universal

La decisión se enmarca en la causa CFP 2001/2023 y responde a una orden directa de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que aplicaron el principio de justicia universal.

Esta doctrina permite a un Estado juzgar crímenes de lesa humanidad —como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política— sin importar el lugar donde se cometieron, cuando se acredita que en el país de origen no existen garantías judiciales. En este caso, la Justicia argentina consideró que el Poder Judicial venezolano responde al Poder Ejecutivo, lo que asegura la impunidad del régimen.

El expediente se inició a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, junto con testimonios de víctimas directas del régimen venezolano que lograron refugiarse en la Argentina. La querella representa a familias afectadas por el aparato represivo del chavismo, operado a través de organismos como el SEBIN y la DGCIM.

Alertas rojas y medidas adicionales

En la resolución firmada este miércoles, el juez Ramos también ordenó notificar a Interpol de la Policía Federal Argentina, ratificando la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Nicolás Maduro y otros jerarcas de su gobierno, entre ellos Diosdado Cabello.

Asimismo, el magistrado informó de la medida al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas, y rechazó presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales, concentrando la acción procesal exclusivamente en el avance del pedido de extradición.

Con el exhorto ya firmado, el trámite queda ahora en manos de las autoridades de los Estados Unidos, que deberán evaluar la viabilidad del pedido conforme al tratado bilateral. De prosperar, se abriría una instancia judicial para juzgar en la Argentina las acusaciones por el plan sistemático de represión denunciado en Venezuela.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini