AFA: la Justicia federal de Campana concentrará las causas por presunto lavado de dinero
El juzgado a cargo de Adrián González Charvay sumó una nueva investigación por supuesto lavado de activos que tiene como protagonistas al titular de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
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El juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, se convirtió en el epicentro de las investigaciones judiciales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En las últimas horas, se confirmó que una nueva denuncia por presunto lavado de activos, que hasta el momento tramitaba en el fuero federal porteño bajo la órbita de la jueza María Servini, fue acumulada a los expedientes que ya se encuentran en dicha jurisdicción.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada en marzo pasado por el empresario Guillermo Tofoni. La misma se fundamentó en publicaciones periodísticas que señalaban la existencia de un esquema de lavado de dinero con fondos de la AFA, los cuales habrían circulado a través de casas de cambio y financieras ubicadas en el microcentro porteño.
El juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín, fundamentó la decisión de unificar los expedientes al señalar que esta medida representa
“la solución que favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia”, según consta en la resolución.
La acumulación de expedientes
En el juzgado de Campana ya se concentran otras investigaciones de alto perfil. Entre ellas, destaca la causa por la compra de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros de dirigentes del fútbol argentino, además de una pesquisa originada en Santiago del Estero por presunto lavado de activos y asociación ilícita vinculada a los bienes del tesorero Pablo Toviggino.
El expediente sobre las maniobras financieras pasó previamente por el juzgado en lo penal económico del juez Diego Amarante, quien se declaró incompetente al considerar que el lavado de activos es un delito federal. En su momento, Amarante había sostenido que el eje de los hechos denunciados se situaba en la Ciudad de Buenos Aires, describiendo un
“circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño, habrían sido trasladados a un estudio jurídico, y finalmente habrían tenido como destino la sede central de la AFA en la calle Viamonte o el domicilio particular de uno de sus dirigentes”.
A pesar de este planteo, la Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente sea remitido al juzgado de González Charvay. Por su parte, en relación a la causa por la mansión de Pilar, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de radicar la causa en Campana, argumentando que los delitos habrían tenido su epicentro en la capital del país.
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