Karina Milei quedó bajo la mira judicial por una polémica contratación millonaria

La Justicia federal le exigió al Gobierno nacional que entregue de forma inmediata el expediente completo de una millonaria licitación firmada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El contrato, valuado en 700 millones de pesos, tenía como objetivo tercerizar el mantenimiento preventivo y el riego de los espacios verdes en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

La medida surge tras una denuncia que encendió las alarmas por una presunta maniobra de competencia simulada entre empresas vinculadas. El fiscal federal Ramiro González tomó la iniciativa y le solicitó al juez Sebastián Ramos que requiera toda la documentación de la licitación pública N° 23-0005-LPU26, con el fin de determinar si existieron irregularidades en el proceso administrativo.

Presuntas irregularidades en la contratación

El centro de la polémica radica en una supuesta estafa para inflar precios. Según el expediente, al llamado se presentaron las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA como si fueran rivales comerciales. Sin embargo, ambas compañías integrarían el mismo espacio empresarial, denominado Grupo Buena Vista SA.

Este dato cuenta con el respaldo técnico de un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, emitido en septiembre de 2024. La encargada de llevar el caso a los tribunales fue la diputada Marcela Pagano, quien apuntó directamente contra la funcionaria nacional por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La postura de la fiscalía

Para no dar pasos en falso, el fiscal Ramiro González mantuvo una postura cautelosa en su dictamen. Allí aclaró que, dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, es necesario requerir información vinculada al trámite antes de analizar el impulso de la acción penal y posibles imputaciones.

En su denuncia, Marcela Pagano sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia, en su rol de autoridad convocante, tenía la obligación de verificar la independencia económica de los oferentes. Según la legisladora, el Gobierno avaló

"una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay"

lo que calificó como una trampa administrativa para perjudicar el patrimonio del Estado.

Una vez que las fojas del contrato aterricen en el despacho del juez Sebastián Ramos, el Ministerio Público definirá si finalmente imputa a Karina Milei y desencadena una investigación a fondo sobre los negocios vinculados a la Presidencia.

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