La Marcha Federal de Salud tuvo gran convocatoria en Plaza de Mayo y réplicas en todo el país

Una multitudinaria columna de trabajadores de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes y sindicatos protagonizó una nueva edición de la Marcha Federal de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La movilización, que comenzó frente a las puertas del Ministerio de Salud de la Nación y culminó en la histórica Plaza de Mayo, tuvo como objetivo visibilizar la profunda crisis del sector y rechazar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Bajo la consigna "La salud no puede esperar", la protesta expresó una creciente preocupación por el deterioro de las políticas públicas sanitarias y el desfinanciamiento de programas nacionales clave. La convocatoria contó con el respaldo político del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en abierto rechazo al plan que lleva adelante la cartera nacional conducida por el ministro Mario Lugones.

Durante la jornada, que incluyó la lectura de un documento consensuado, diversas entidades como el Foro por el Derecho a la Salud y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un recorte de 63.000 millones de pesos en las partidas destinadas a la salud pública. A esta denuncia se sumó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que nuclea a gremios de diversos sectores como metalúrgicos, aceiteros, aeronáuticos, docentes universitarios y papeleros.

De acuerdo con el documento presentado por las organizaciones, el ajuste presupuestario ya genera consecuencias directas sobre la población. Entre los datos más alarmantes, se destaca que más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica en el último período. Asimismo, el Programa Remediar sufrió una drástica reducción, pasando de distribuir 79 medicamentos gratuitos a entregar únicamente tres, lo que afecta el acceso a la salud de más de 20 millones de personas.

El impacto en la seguridad social y la prevención

La situación del PAMI también fue uno de los ejes centrales del reclamo. Los manifestantes advirtieron que la obra social de los jubilados sufrió un recorte del 40% en su presupuesto, acumulando deudas que superan los 500.000 millones de pesos con los prestadores, lo que se traduce en la falta de turnos y atención médica para los afiliados.

Por último, el documento denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales. Entre ellas, se mencionaron la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya provocó brotes de sarampión y subas en casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, y la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical.

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El Eco de Tandil

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