La oposición logró ayer ganar tiempo con la Ley de Glaciares luego de que el oficialismo aceptara convocar a una doble fecha de audiencias públicas el 25 y 26 de marzo como paso previo a la firma del dictamen, lo que llevaría a posponer la sesión a como mínimo principios de abril.

En la primer reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas y se salieron con la suya: se fijaron dos jornadas consecutivas para que expositores involucrados en la temática, ya sea con posiciones a favor o en contra, puedan volcar sus opiniones antes de la instancia definitoria.

Las audiencias tendrán carácter abierto y federal y se extenderán de 10 a 19 horas en el Anexo C de la Cámara baja, con flexibilidad para estirar el debate en el caso de que se anote una mayor cantidad de expositores de lo previsto para cumplir con esa expectativa de tiempos, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Como el 25 y 26 de marzo caen miércoles y jueves (después de un fin de semana largo), no quedará tiempo para firmar dictamen en lo que quede de esa semana y la ventana recién volvería a abrirse del 6 al 10 de abril, dado que en el medio tocará otro doble feriado (2 y 3 de abril).

Difícilmente los presidentes de las dos comisiones intervinientes, José Peluc (Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales) hayan accedido al pedido de la oposición sin la previa luz verde del Gobierno.

Si bien la reforma de Glaciares es un objetivo del presidente Javier Milei, quien incluso planea hacer alarde de la media sanción del Senado para seducir a inversores en el marco de la “Argentina Week”, evento del que participará la semana próxima en Nueva York, queda en evidencia que no hay un apremio especial para cerrar este capítulo de manera perentoria.

Así las cosas, el Gobierno se reserva la sanción definitiva como carta de negociación con los gobernadores de provincias cordilleranas, que son los que impulsan la reforma con más celo, con la ilusión de que un cambio de reglas para la exploración y explotación de minerales críticos e hidrocarburos catapulte una avalancha de inversiones en sus territorios.

La discusión

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó la realización de una audiencia amplia y participativa “no solo es en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también a la Ley General de Ambiente en lo que respecta a preservar principios que están establecidos como el de no regresión y el precautorio”.

El miembro del interbloque Unidos advirtió que en el debate está “no solo comprometida una cuestión jurisdiccional de provincias que pueden tener desarrollo minero en particular, sino comprometidas otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentran dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”.

Ferraro también insistió en la necesidad que la audiencia se convocase en dos días diferentes con un “claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas”.

El pedido fue luego reforzado por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, quien reclamó “una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares”.

Ante la contundencia de los argumentos, Mayoraz ofreció desdoblar la audiencia y realizar una primera parte presencial el 25 de marzo y una segunda parte de forma remota al día siguiente para que puedan participar los expositores de aquellas provincias con dificultades para hacerse presentes físicamente en la ciudad de Buenos Aires.

Juan Grabois (Unión por la Patria), por su parte, propuso que se garantice la convocatoria y participación de las comunidades originarias damnificadas directamente por el desarrollo de actividades económicas en áreas periglaciales, que según advirtió no tienen además acceso a Internet.

Resuelta la cuestión del cronograma, se pasó a la discusión del proyecto que en el Senado se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. (NA).

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