Durante un acto en conmemoración por el Día Internacional del Trabajador, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) pidió por la reducción de la jornada laboral en la Argentina.“El sindicalismo en general y el argentino en particular se pone al frente de discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital”, sostiene el documento difundido durante el acto.NormativaLa Ley 11.544 establece que en nuestro país la jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Es decir que una persona en la Argentina no debería trabajar, por ejemplo, más de 8 horas diarias durante 6 días a la semana.Quedan exceptuados de esta disposición los trabajadores rurales, empleadas domésticas o familiares del dueño o jefe de una empresa.De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nuestro país cuenta con uno de los regímenes legales más altos del mundo. Esta característica es compartida por muchos países latinoamericanos (como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela y México) y del sur de Asia.En tanto, la mayoría de los países de Europa tiene un límite legal de 40 horas y sólo 3 naciones en el mundo (Suiza, Seychelles y Kenia, según la OIT) superan las 48 horas semanales. Estados Unidos, por su parte, no cuenta con un límite legal de horas trabajadas.Trabajo efectivoLa OIT distingue la jornada laboral legal de las horas efectivamente trabajadas. A estas últimas las define como “el tiempo dedicado por los trabajadores al desempeño de actividades laborales durante un período de referencia determinado”.Esta medición resulta más cercana a la realidad de cada país, dado que las leyes establecen un límite máximo de horas trabajadas, pero cada convenio laboral puede establecer un régimen horario inferior a ese.De acuerdo con los últimos datos relevados por la OIT (que corresponden a 2022), la Argentina registra (en promedio) 34,6 horas de trabajo por semana y se ubica en el puesto 134 sobre 163 naciones analizadas.Con este nivel, nuestro país se encuentra por debajo de otros países de Latinoamérica, como Colombia (43,4 horas), México (42,7), Venezuela (38,7) Bolivia (38,5), Brasil (37,9), Chile (37,7) y Perú (37,3). Y quedó en el mismo nivel que Uruguay (34,6) y por encima de Ecuador (34,5).En la comparación internacional, el promedio de horas semanales trabajadas en la Argentina se encuentran en un nivel similar a los registrados en países europeos tales como Finlandia (34,9 horas), Dinamarca (34,5), Alemania (34,3) y Noruega (33,5).Respecto de esta paridad con países con mejores indicadores productivos, Roxana Maurizio, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y del Conicet, señaló que “es un tema relacionado con la productividad de la economía” (es decir, estas naciones guardan una mejor eficacia en la cantidad de horas trabajadas y bienes y/o servicios generados).Los países con mayor carga horaria semanal fueron Emiratos Árabes Unidos (52,6 horas), Gambia (50,8), Bután (50,7), Lesoto (49,8) y Congo (48,6). En tanto, los países con menos horas semanales trabajadas fueron Somalía (30,1) y Francia (30,1), Etiopía (29,8), Austria (29,5) y Mozambique (28,6).ReducciónEntre 2015 y 2019, el Gobierno de Islandia realizó una prueba piloto con empleados de la administración nacional y del Ayuntamiento de Reykjavik (la capital del país), quienes pasaron a trabajar 4 días a la semana, reduciendo la jornada semanal de 40 a 35 horas. Según informó la BBC, a los trabajadores se les pagó lo mismo por trabajar menos horas, y la productividad se mantuvo o mejoró.Una experiencia similar se realizó en Reino Unido en 2022, a cargo de la organización “4 Day Week Global” en colaboración con la Universidad de Cambridge: durante 6 meses unas 60 empresas privadas con alrededor de 2.900 empleados adoptaron un régimen laboral de 4 días a la semana, sin modificar los ingresos de los trabajadores.De acuerdo con el informe elaborado por los organizadores de la experiencia, al final de la prueba piloto “el 39% de los empleados estaban menos estresados, y el 71% había reducido los niveles de agotamiento”. Las empresas, por su parte, mantuvieron sus ingresos e incluso los aumentaron un 1,4%.En Valencia (España) se inició en abril último una prueba piloto para establecer una jornada laboral de 4 días para todos los trabajadores. La iniciativa durará un mes, y coincide con la concurrencia de 3 lunes consecutivos de feriados, que el Ayuntamiento local aprovechó para testear esta modalidad laboral.Finalmente, en Chile el Congreso aprobó recientemente una modificación a la ley laboral, reduciendo la jornada laboral de 48 a 40 horas. Según datos de la OIT, en ese país el promedio semanal es de 37,7 horas.&nbsp;AvanceEl oficialismo busca avanzar en el Congreso Nacional, antes de las elecciones de octubre, con un proyecto de consenso para reducir la jornada laboral que contemple textos presentados por legisladores de varios bloques, entre ellos del socialismo, que podrían confluir en una iniciativa para llevar de 48 a 40 o 36 horas la jornada de trabajo semanal, con lo que se busca mejorar la productividad de las empresas y generar más empleo.Las iniciativas cuentan con el visto bueno de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y de la CGT, que en un acto realizado esta semana por el Día Internacional de los Trabajadores propuso discutir la reducción de la jornada de trabajo, "como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital"."Apoyo la posibilidad de que se emita un despacho de consenso para que pueda aprobarse efectivamente esta iniciativa, que está alcanzando importantes niveles de acuerdo. Espero que se concrete un dictamen que pueda tener sanción legislativa", afirmó a la agencia Télam la ministra Olmos.Sin embargo, el oficialismo buscará avanzar en acuerdos en las próximas semanas con bloques aliados y las bancadas del interior, para acercar posiciones con esos legisladores, ante el planteo opositor que ya adelantó que no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, aunque no descarta la idea de discutir una reforma integral.La paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición obliga al Frente de Todos (FdT) a tejer acuerdos con otras bancadas, más aún en un año electoral, donde las campañas en las diferentes provincias hacen que la actividad parlamentaria merme y se vea afectado el funcionamiento de las comisiones.En el Senado están para ser discutidas una serie de iniciativas del oficialista porteño Mariano Recalde, quien presentó esta semana varios proyectos vinculados con el régimen laboral argentino, entre los que se destaca uno que impulsa una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales con el objetivo de promover la semana de cuatro días.En ese sentido, la propuesta busca reducir todos los máximos legales: régimen diurno, nocturno, trabajo insalubre y regímenes especiales.Según Recalde, esta reducción "permitirá mejorar la distribución del trabajo existente y crear empleo, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida, disminuir los accidentes, reducir los costos empresarios, el impacto ecológico y sanitario".

Qué dice el proyecto que busca modificar la jornada laboral en Argentina

El Gobierno Nacional promulgó la ley que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta. Así quedó establecido mediante el Decreto 253/2023 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La Ley N° 27.709, sancionada el 13 de abril pasado, creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley. El mismo está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA. La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una "obligación inmediata y directa" en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse. Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA. Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad". La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia. La Senaf, en tanto autoridad de aplicación, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible con "indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas". El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

Promulgan la Ley Lucio, que busca prevenir la violencia contra las infancias y adolescencias

En una conferencia de prensa, la modelo Liz Solari presentó en el Congreso de la Nación su proyecto de ley "Sintientes" para que los animales tengan derechos y sean incluidos en el Código Civil y Comercial de la Nación."Como sociedad demandamos justicia y protección, pero la ley falla en proteger a los animales. Calificar animales como cosas no es un criterio legal valido. Para ser consistentes con la evolución de la ciencia y la conciencia de la humanidad de como percibimos a los animales hoy, debemos reconocerlos en la categoría de personas no humanas y sacarlos definitivamente del régimen de propiedad y darles los derechos que les corresponden", fundamentó la modelo, que está al frente de la campaña.Lo curioso del caso es que Solari logró que la iniciativa tenga el apoyo de los diferentes espacios. Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos se mostraron a favor de que los animales sean considerados "personas no humanas". De esa manera, para la foto de presenación junto a la modelo posaron la senadora del PRO, Gladys Gonzalez; la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño; los legisladores del Frente de Todos, Natalia Souto y Leonardo Grosso; entre otros legisladores nacionales.La convocatoria fue abierta y comenzó a través de la plataforma Change.org. "Llamo a todos los amantes de los animales, a todos los que aman la vida. Pido su apoyo, para que juntos demos un paso histórico en la protección del reino animal y por ende de la raza humana ya que dependemos de una coexistencia armoniosa con todas las especies que habitan la Tierra", pidió Liz Solari.El proyecto de ley ya ingresó al Congreso y ahora se trabajará en comisiones antes de ser tratado en las cámaras. En caso de conseguir su aprobación, el presidente Alberto Fernández deberá reglamentarla para que se aplique y comience a regir la nueva disposición.

De qué se trata el proyecto para declarar a los animales "personas no humanas"

El presidente Alberto Fernández destacó los “cuarenta años ininterrumpidos de vigencia de la Democracia”, y dijo que “la verdadera libertad nace de la igualdad”, al encabezar la apertura del 141º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.En su discurso, el mandatario destacó que el país sumará "tres años consecutivos de crecimiento económico, algo que no sucedía desde 2008”. También exigió a la justicia el esclarecimiento del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que calificó de “inadmisible” la “intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria” de los recursos nacionales y su coparticipación.El Presidente destacó que la Argentina celebra “cuarenta años ininterrumpidos de vigencia de la Democracia, el período más extenso de nuestra historia”, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.Tras señalar que actualmente en el mundo “los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras provocadas por poderes mediáticos y fácticos”, el jefe de Estado recordó que “hace seis meses estuvimos ante uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de nuestra Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.“Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”, sentenció y lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.En otro tramo de su discurso, el Presidente convocó “a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria”.El mandatario puso de relieve que “la economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4 por ciento”, y de ese modo “sumamos más crecimiento al 10,3 por ciento que se registró durante 2021 y somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde 2008”.Además, detalló que “el empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1 por ciento”, y que “durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004”.“Hay otra historia, es la historia de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años”, destacó al tiempo que agregó: “Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional”.Además, señaló que el “objetivo estratégico de este Gobierno es la construcción de un verdadero federalismo”, y por eso “no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de Buenos Aires de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido”.Por eso, el presidente Alberto Fernández señaló que “la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.“Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, afirmó. &nbsp;Por otro lado, el jefe de Estado recordó que al asumir la Presidencia prometió “que pondría fin a los sótanos de la democracia”, y dijo al respecto: “Lo hice, el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, remarcó y aseguró que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.En ese sentido, reafirmó que “hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”.El mandatario también alertó que “estamos viendo cómo anticipan un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas, precedido de una campaña de desprestigio”, y advirtió: “Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio”.Para terminar, el Presidente aseguró que es necesario “seguir con la Argentina avanzando hacia un desarrollo sostenido, potenciando la industria, redistribuyendo con equidad los ingresos, ampliando derechos y cuidando el ambiente. Continuar con la expansión de la inversión pública y dirigir los recursos del Estado, allí donde Argentina lo requiera”.“Peleamos todos los días por una sociedad más igualitaria. Debemos hacer realidad nuestra utopía de Justicia Social”, dijo el Jefe de Estado y enfatizó: “Construimos la democracia, vivimos en libertad, alcancemos la igualdad”.

Alberto Fernández: “Construimos la democracia, vivimos en libertad, alcancemos la igualdad”

El presidente Alberto Fernández convocó a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que se realizará el próximo miércoles 1 de marzo a las 11.Así se comunicó por medio del Decreto 91/2023 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.."En uso de las facultades conferidas por el artículo 99 inciso 8 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación decreta: la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año en curso se realizará el día 1° de marzo próximo a las 11:00 horas", dice el artículo 1 de la norma.

Convocan a apertura de sesiones ordinarias en el Congreso para el 1 de marzo a las 11

Se realizará el cuarto congreso sobre "Paradigma gerontológico, el territorio ignorado"

Diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal (SBU) que garantice la protección social de todos los trabajadores y "eliminar la indigencia". La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del FdT, Germán Martínez, más el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros. Al presentar el proyecto, Hagman destacó que la iniciativa podría abarcar a unos 9 millones de personas que recibirían un salario universal, al sostener que el proyecto busca "eliminar la indigencia y valorizar las tareas que el mercado laboral no valora". Si bien dijo que la iniciativa demandará "un monto significativo" en materia fiscal, "este proyecto no es inviable, se puede discutir cómo financiarlo", y sostuvo que se trata de una propuesta "complementaria" con el desarrollo del mundo del trabajo. En tanto, el santafesino Martínez respaldó el proyecto, subrayó que "las propuestas siempre enriquecen el debate" y dijo que la iniciativa va en línea con lo que plantea el presidente Alberto Fernández "sobre la producción y el trabajo". "Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del FdT: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva", puntualizó el jefe del bloque del FdT. El objetivo de la iniciativa es, según el contenido del proyecto, "dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo". La propuesta impulsa la implementación de un Salario Básico Universal (SBU) "como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos". De acuerdo a la iniciativa, el SBU "será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría 'A' del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente".

Presentaron proyecto para establecer un salario básico universal

“Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector del oficialismo. Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Dice alguien cercano al Presidente cualquier pavada y no ocurre nada”, destacó en declaraciones radiales.A la vez, manifestó: “En esta situación donde pareciera que se pretende proscribir una parte mayoritaria de la fuerza, tenemos que reaccionar rápido antes que sea tarde”.Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a cuestionar al diputado camporista Máximo Kirchner por no haber acompañado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un nuevo capítulo de la interna feroz que atraviesa el Frente de Todos.“Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos”, afirmó el ministro, y agregó: “Uno puede discutir hasta un determinado punto, pero hay que tomar decisiones de fondo y las decisiones las toma el Presidente de la Nación”.El cruce inició cuando Larroque cuestionó al Gobierno por no haber hecho pública su posición sobre los ataques a los despachos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras la Cámara de Diputados sesionaba el acuerdo con el FMI. Aníbal Fernández se hizo eco del mensaje y respondió.&nbsp;Mensaje “mafioso”&nbsp;En una nueva contienda, el ministro bonaerense rememoró las declaraciones de varios funcionarios de Gobierno en torno al ataque con bombas molotov al Grupo Clarín, y se quejó de la falta de posiciones públicas que condenen la violencia en el Congreso.“Yo recuerdo una situación vinculada al Grupo Clarín, un ataque que repudiamos como organización política junto con el Presidente, el ministro Fernández y Cerruti quienes también repudiaron. Nos llamó la diferencia con esta situación”, manifestó.“No podemos dejar pasar esto, hay un mensaje de atacar a Cristina (Kirchner) de carácter mafioso”, denunció Larroque.Y en la misma línea, pidió: “Que se permita la expresión de los diferentes sectores que han constituido el Frente de Todos, el sector mayoritario que se siente representado por Cristina Kirchner, porque estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”.“Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Dice alguien cercano al Presidente cualquier pavada y no ocurre nada, o si no está la metralleta del off permanente a la cual no abonamos, nosotros decimos las cosas con la mejor buena voluntad”, concluyó. NA

Larroque: “estamos viviendo una peligrosa autoproscripción”

El jefe de Estado dejará abierta la actividad parlamentaria que se desarrolla entre el 1 de marzo y al 30 noviembre. En el primer mes de las sesiones ordinarias, la expectativa estará puesta en la ratificación parlamentaria del acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario para reestructurar los pagos por el préstamo contraído en la gestión de Mauricio Macri.Según el decreto de convocatoria, publicado esta semana en el Boletín Oficial, Fernández concurrirá el martes a las 12 para exponer ante la Asamblea Legislativa, que -a diferencia del año pasado que se realizó en medio de la segunda ola de la pandemia- se efectúa en momentos en que la tercera ola de coronavirus se encuentra en pleno descenso y con la mayoría de la población vacunada.El Presidente expondrá en un día atípico -ya que será el segundo día de feriado de carnaval- ante los diputados y senadores que se reunirán en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados y que contará con la participación de invitados especiales.Asistirán a la ceremonia ministros, gobernadores, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de organizaciones sindicales y sociales, y de la Justicia, algo que no sucedió el año pasado por las restricciones debido a la pandemia del coronavirus.&nbsp;La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arribará al Palacio Legislativo en primer término y será la encargada de abrir, a las 11, la Asamblea Legislativa, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.Tras la apertura se designará una comisión de exterior y otra de interior, integradas por legisladores de diferente extracción política, que serán las encargadas de recibir al presidente de la Nación, primero en la explanada de la calle Entre Ríos y luego en el interior del Salón Azul, para acompañarlo hasta el recinto de sesiones.&nbsp;Nueva realidadpolítica&nbsp;Fernández hablará ante un plenario legislativo que mostrará una composición que exhibirá la nueva realidad política tras las elecciones del 14 de noviembre: en la cámara baja hay una extrema paridad ya que el Frente de Todos (FdT) tiene 118 miembros y Juntos por el Cambio (JxC) 116.También encontrará un Senado con una relación de fuerzas más pareja luego de los comicios: el oficialismo cuenta con 35 legisladores y JxC 33, con lo cual el FdT debe recurrir a alianzas con los dos partidos que administran sus provincias en Rio Negro y Misiones.En ese contexto político y con una conformación más pareja, Fernández brindará un discurso en el que hará foco en el objetivo del crecimiento económico y en el acuerdo con el FMI, que le permitirá renegociar los pagos del crédito contraído por Macri por 44 mil millones de dólares.El nuevo esquema de pagos de la deuda le permitirá al Gobierno contar con los dólares necesarios para apuntalar la producción y el crecimiento económico.El Congreso tendrá un rol central ya que deberá respaldar ese acuerdo con el FMI como lo establece la ley de sustentabilidad de la deuda, que genera críticas de un sector del kirchnerismo, la izquierda y la derecha, pero que cuenta con el respaldo mayoritario de los gobernadores y la mayoría de JxC.En su mensaje, Fernández también destacará la importancia que tuvo la masiva campaña de vacunación desplegada desde el año pasado contra el coronavirus y el próximo inicio del año escolar tras dos años de fuertes restricciones por la pandemia.Además, el mandatario repasará asimismo el despliegue de políticas públicas que debieron ser pospuestas por la pandemia y empiezan a ser retomadas por su gestión, según informaron a Télam fuentes oficiales.El primer mandatario se dirigió por primera vez ante la Asamblea durante su asunción del 10 de diciembre de 2019 y pronunció su segundo discurso durante la primera apertura de sesiones ordinarias de su mandato, el 1 de marzo de 2020, 20 días antes de decretar el aislamiento social y obligatorio con motivo de la propagación de la Covid-19.En el 2021, la Asamblea Legislativa se realizó con protocolos estrictos debido a la pandemia del coronavirus. (Télam)

Por tercera vez, el Congreso recibirá a Alberto Fernández

Será presentado ante un Congreso en el que espera encontrar debate y una “segura aprobación”, mientras comienza a delinear propuestas legislativas sobre temas que hoy no se encuentran en la agenda pública.En los últimos días, los distintos ministerios fueron enviando el balance de lo realizado en el último año y los planes a futuro para que sean incluidos en el discurso que Alberto Fernández brindará ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, pero la máxima atención está centrada por estos días en el cierre del capítulo parlamentario de la deuda externa.“El acuerdo que estamos impulsando es un paso más de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Este es el primer paso que nos libera de hacer pagos durante cuatro años y nos permite seguir adelante con nuestra idea de seguir haciendo crecer la economía a través de la inversión pública”, señaló Fernández en declaraciones radiales.Tras su regreso de la gira internacional que lo llevó a Rusia, China y Barbados, tanto el jueves como el viernes, el Jefe de Estado mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el embajador en los Estados Unidos, Jorge Arguello, con el motivo de “acelerar” el acuerdo que deberá tener la aprobación del “board” del FMI y, como marca la ley, la sanción de los diputados y senadores argentinos.Los plazos son los previstos: en la entrevista que Guzmán brindó a Télam en Moscú estimó que la letra chica del entendimiento final se terminará de definir en las próximas dos semanas; es decir, las que faltan para el inicio de las sesiones ordinarias.Si bien, luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, diversos actores políticos habían puesto en duda la suerte del proyecto del acuerdo en el Congreso, ahora, primero el propio Fernández y luego diversos actores parlamentarios, comienzan a hablar de un seguro acompañamiento a la iniciativa.El viernes por la tarde, personas de extrema confianza del Jefe de Estado se mostraban confiadas en que, a pesar de las disidencias internas, todos los integrantes del bloque oficialista en Diputados ofrecerán quorum. (Télam)

El Gobierno prevé un Congreso marcado por el acuerdo y algunos temas novedosos

La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura y el aval al Consenso Fiscal 2022 firmado entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de los gobernadores aparecen en los primeros lugares de la agenda de trabajo con la que el Congreso nacional encarará la agenda de trabajo de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero.Más allá de ser los dos primeros de los 18 temas enumerados por el decreto presidencial, en la práctica también serán los dos que encabezarán cronológicamente el trabajo legislativo, con un tratamiento que, en ambos casos, se iniciará por el Senado, Cámara en la cual fueron presentadas las iniciativas.En cuanto al convenio con el FMI sobre la deuda externa anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, fuentes del oficialismo señalaron que recién ingresaría en el debate de las cámaras después de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.Por lo pronto, para comenzar el debate de la reforma al Consejo de la Magistratura, de la ratificación del Consenso Fiscal y del resto de los temas, ambas cámaras deberán abocarse en los próximos días a rearmar las comisiones de trabajo cuyas integraciones caducaron con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre.Sólo las comisiones de Presupuesto del Senado y e Diputados se encuentran integradas, ya que en los últimos días del año pasado debieron analizar los proyectos de Presupuesto 2022 –rechazado- y de modificación al Impuesto a los Bienes Personales.En cuanto al proyecto de Consejo de la Magistratura, el oficialismo se encuentra encolumnado detrás del texto enviado por el Poder Ejecutivo, mientras que Juntos por el Cambio busca abroquelarse detrás de una posición consensuada entre sus diferentes expresiones internas.Es que al día de hoy existen numerosos proyectos de la principal bancada opositora, algunos de ellos con propuestas bastante antagónicas: el presidente del bloque radical Mario Negri; Encuentro Federal, el bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzo; el exjuez formoseño Fernando Carvajal y el macrista Pablo Tonelli, son algunos de los autores de las iniciativas.&nbsp;Consenso&nbsp;En el tema del Consenso Fiscal, los números parecen estar más fáciles para el oficialismo, a partir del respaldo al acuerdo de los gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, y el consecuente respaldo que los legisladores de esas fuerzas darían a la iniciativa.Además de estos dos temas, podrán ser debatidos en febrero el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, la Ley de Promoción de la Electromovilidad; el texto sobre promoción de Inversiones en la Industria Automotriz–Autopartista y su Cadena de Valor; el de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores y la iniciativa por la cual se prorrogan los plazos establecidos en la Ley 27.613, sobre el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda. En materia educativa, la convocatoria firmada por el presidente prevé la creación de las universidades nacionales del Delta y del Pilar.En la temática de salud, se prevé el tratamiento de los proyectos de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería; el de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana; el que busca dar respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).También se contempla analizar la iniciativa que busca establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.En lo referido a Ambiente, las comisiones correspondientes abordarían los proyectos de ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul"; el que cataloga como tal al Parque y Reserva Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce, en Córdoba, y el que crea el Parque y Reserva Nacional Islote Lobos, en Río Negro. Además, a título genérico se incluyeron el tratamiento de Acuerdos -por parte del Senado- y las declaraciones de transferencias de Inmuebles.A los tiempos formales que demandará el reparto de representaciones de cada bloque y de autoridades de las comisiones, se suma otro factor que podría postergar el arranque de la actividad plena del Congreso: los casos de Covid.Con este escenario, fuentes cercanas a las principales bancadas de ambas Cámaras anticiparon que "ningún bloque arriesgará nada ante un posible escenario que se pueda modificar por uno o más casos Covid que obliguen a ausencias de legisladores".Sin embargo, desde las principales bancadas del Congreso descartan por el momento la posibilidad de retomar el trabajo remoto, aún para aquellos casos de legisladores con resultados de Covid positivo. (Télam).&nbsp;&nbsp;

Consenso Fiscal y Magistratura encabezan la agenda de trabajo de sesiones extraordinarias

También se incluyó en la agenda el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC) y la iniciativa que crea un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal.A su vez, el temario incorpora una iniciativa de promoción de la Electromovilidad; el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria automotriz y autopartista; el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”; la propuesta de Ley de Compre Argentino; las modificaciones al “Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda”, y el proyecto de Ley de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.Quedó afuera, en tanto, la iniciativa sobre promoción de hidrocarburos que había defendido en el Congreso el secretario de Energía, Darío Martínez, y el Plan Plurianual que había anunciado en noviembre el presidente Alberto Fernández, pero que luego no pudo hacer pie debido al empantanamiento de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).El Consenso Fiscal 2022, que fue firmado por el Gobierno nacional y todos los gobernadores a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, faculta a las provincias a modificar impuestos al alza o a la baja en la medida en que necesiten readecuar su estructura recaudatoria.El otro proyecto de relieve que se tratará presumiblemente en febrero es la reforma del Consejo de la Magistratura, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 que regula el funcionamiento del organismo encargado de seleccionar a los jueces.Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano, ya que en su fallo de mediados de diciembre el máximo tribunal de Justicia otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del Consejo.La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respetó el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13. (Télam)